El Gobierno aprueba un cheque de 90 euros para pagar la calefacción de familias vulnerables

Asimismo, los descuentos que ya se aplican al bono social eléctricos aumentan del 25% al 60% de forma general y del 40% al 70% para los casos severos. También se prorroga el ‘escudo social’ hasta el 28 de febrero, que incluye la prohibición de cortes de suministros

El Gobierno ha aprobado un cheque de 90 euros por hogar para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores vulnerables que ya se acogen al llamado bono social térmico. Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha detallado el nuevo decreto ley aprobado para contener los efectos que el alza de los precios energéticos está causando en consumidores y empresas.

Se trata de un cheque adicional a las ayudas que ya reciben estos consumidores vulnerables por medio del bono social térmico, ante la subida de la electricidad y del gas que se lleva registrando desde hace meses. El precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha estabilizado por encima de los 200 euros en las últimas dos semanas, una cifra que cuadruplica los niveles habituales a estas alturas del año. De hecho, la electricidad tendrá este miércoles un coste medio de 226,15 euros por megavatio hora, un 466,08% más que el precio de hace un año (39,95 euros) y un 390,46% más que el del mismo día de 2019 (46,11 euros).

Ribera ha señalado que el cheque estará disponible a partir de diciembre y que a tal fin, el departamento que encabeza liberará las partidas económicas necesarias que serán distribuidas a las comunidades autónomas para el abono de esta ayuda. Asimismo, el Gobierno ha aumentado los descuentos que ya se aplican al bono social eléctrico y al que se acogen 1,2 millones de hogares. Los descuentos pasarán ahora del 25% al 60% de forma general y del 40% al 70% para los casos severos.

Prórroga del ‘escudo social’

Este martes 26 de octubre el Gobierno también ha acordado prorrogar las medidas del denominado ‘escudo social’, cuya vigencia actual expiraba este 31 de octubre, hasta el próximo 28 de febrero de 2022, y ahora también contempla ayudas a los autónomos de La Palma cuya actividad se ha visto afectada por la erupción del volcán en Cumbre Vieja, según ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Con esta prórroga se trata de “seguir protegiendo a los vulnerables”, como ha señalado Rodríguez que ha hecho una mención especial a la situación que viven “los autónomos de La Palma que han visto cesada su actividad, bien total o parcialmente, y que van a ver reconocida su situación con una prestación económica extraordinaria”.

El Consejo de Ministros también ha aprobado dos partidas para paliar los daños que la erupción del volcán en Cumbre Vieja, en La Palma, está ocasionando a su población. En concreto, ha autorizado destinar 68 millones de euros al plan especial de empleo que ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una visita a la isla y, por otro, destinará 6,8 millones de euros para paliar los daños en los sectores de la agricultura y la ganadería local.

Prohibición de corte de suministros

Sobre las medidas del ‘escudo social’, se extiende la suspensión de desahucios para población vulnerable sin alternativa habitacional, así como la prohibición de corte de suministros (que incluye energía eléctrica, gas natural y agua), la consideración de consumidor vulnerable y las medidas urgentes contra violencia de género (manteniendo como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género).

El Ejecutivo aprobó el pasado 3 de agosto la ampliación de las medidas del ‘escudo social’ hasta el 31 de octubre de las actuaciones antidesahucios, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de los cortes la luz, el agua y el gas. También figuraban las medidas sobre grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor --persona física con más de diez viviendas--, podrá solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.

Igualmente, el escudo social contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información 24 horas, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.