El Pacto de Toledo no exige ampliar el periodo de cálculo de las pensiones como afirma el Gobierno

La polémica inclusión como hito de necesario cumplimiento de extender el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 25 años actuales para recibir 70.000 millones a fondo perdido de la UE está provocando un quebradero de cabeza en el Gobierno. El Ejecutivo no sabe bien cómo hacer digerible esta cesión a Bruselas. Ni entre su electorado ni entre los colectivos más beligerantes de jubilados, pero tampoco entre sus socios de coalición o los sindicatos. Tanto es así, que la ministra de Economía y vicepresidenta primera ha negado la mayor por duplicado esta mañana al asegurar, primero, que la extensión del periodo de cálculo de la pensión “no necesariamente conlleva una bajada” de la prestación “sino todo lo contrario” y, segundo, que dicha ampliación no es una exigencia de Bruselas sino del Pacto de Toledo. Ambas afirmaciones son más que discutibles a tenor de las 20 recomendaciones del Pacto de Toledo y de los informes de la propia Seguridad Social sobre la posible extensión a 35 años del periodo de cálculo de la pensión. El ministerio de Escrivá cifró en el borrador de hace casi un año en hasta un 6,3% el recorte medio con una extensión a 35 años, aunque el Observatorio de Pensiones de la Universidad de Valencia y de Extremadura lo eleva al 8,6%.

En una entrevista en TVE, la vicepresidenta ha señalado que el documento publicado ayer “no cambia nada de lo que ya se publicó en julio” y ha incidido en que se debe revisar el sistema de cómputo de las carreras profesionales para que sea más justo. “No hay ninguna cifra ni propuesta, vamos a trabajar con los agentes sociales” durante 2022, ha añadido Calviño que ha destacado que si alguien pide algo no es Bruselas sino el Pacto de Toledo. “Bruselas no nos pide nada”, ha dicho.

“Tenemos todo el año que viene para darle una vuelta con el objetivo de mejorar la justicia del sistema”, ha subrayado Calviño, que ha explicado que las nuevas carreras profesionales tienen “lagunas de cotización” y que un cambio en el periodo de cómputo “no conlleva necesariamente una bajada sino todo lo contrario”.

“Serpiente de verano de Pablo Iglesias”

En el mismo sentido, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha asegurado en otra entrevista en RNE no hay nada nuevo en este asunto: “Es una serpiente de verano que puso en marcha Pablo Iglesias y va saliendo de vez en cuando”, pero “no hay nada”. Según Escrivá elevar el periodo de años utilizado para calcular la cuantía de la pensión de jubilación no servirá “para reducir el gasto en pensiones en ningún caso sino para hacerlo más equitativo”.

“No, no, no. Rotundamente no”, ha respondido Escrivá al ser preguntado por si ampliar el periodo de cómputo supondría un recorte en la cuantía de las prestaciones. “Lo que va a hacer es mejorar la situación de estas personas cuyos últimos años no son los mejores”.

De esta manera, el ministro ha explicado que las nuevas realidades en el mercado de trabajo, que surgen fundamentalmente de la crisis anterior, dan como resultado “carreras de cotización más volátiles”, en las que “los últimos años no son necesariamente los mejores”, algo que le sucede al 30% de los trabajadores que se jubilan. El sistema actual de cómputo “no precisamente les favorece”, ha dicho el ministro, recordando que el año que viene se utilizarán los últimos 25 años, después de que durante la última década se haya ido elevando ese periodo desde los 15 años que había en 2012.

“Tenemos que hacer un sistema más equitativo”, ha dicho el ministro, quien ha planteado la posibilidad de “extender el periodo de cómputo de la base reguladora” o de “elegir los mejores años en un periodo más largo, trabajar mejor las lagunas de cotización que se producen”.

Y aquí es donde entra el juego el Pacto de Toledo, que sí pide abrir la posibilidad de elegir entre los mejores años de cotización, pero sobre los 25 años en que quedará en 2022, y en ningún caso solicita extender más allá ese periodo de cálculo, aunque se abre la posibilidad de “evaluar la progresiva ampliación del periodo cotizado necesario para alcanzar el cien por cien de la base reguladora, prevista en la Ley” yconsidera adecuado mantener en quince años el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social. Así se recoge en las recomendaciones 5 y 11.

En concreto, el punto 5 pide estudiar la posibilidad de elegir los años más favorables en el cálculo de la pensión para no perjudicar carreras laborales con periodos de desempleo y de precariedad, dado que progresivamente se está ampliando de 15 a 25 años el periodo de cotización utilizado para determinar la pensión. En el apartado 11 se incide en este asunto al demandar un refuerzo de la contributividad -relación entre lo cotizado y la prestación recibida-, pero con mejora de las pensiones más bajas y sin agrandar la brecha de género, y valorar la posibilidad de que en los casos de vidas laborales muy prolongadas se pueda descartar algún año concreto del periodo de cálculo o escoger el tramo de la carrera de cotización sobre el que calcular la pensión. Esta medida aliviaría la situación de las personas con carreras muy largas de cotización que se han visto afectadas por la pasada crisis al final de su carrera profesional, lo que les aboca a una gran penalización de su pensión.

Es cierto que, en el resumen aprobado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, publicado en el BOE el 20 de noviembre de 2020, sí se remarca en el segundo punto de la recomendación 5 “Adecuación de las bases y periodos de cotización” dicha “evaluación de la ampliación del periodo cotizado exigible, por Ley, para alcanzar una pensión del cien por cien de la base reguladora”, que en el texto “auténtico” de las recomendaciones aparece diluida, pero también que se trata de una “evaluación” y nunca se solicita ampliar dicho periodo de cálculo, sino su estudio.

Ninguno de los dos miembros del Gobierno ha aclarado si elevar el periodo de cómputo tendría un carácter voluntario, si bien ambos han dejado claro que actualmente no hay ninguna propuesta.