Vivienda
Los jóvenes con alquileres altos no podrán acceder al seguro de impago sufragado por el Estado
Los beneficiarios también tendrán que cumplir requisitos similares a los necesarios para acceder al bono de 250 euros mensuales
El Gobierno sigue desgranando poco a poco la batería de medidas que prepara para ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda. A mes y medio de que entre en vigor su medida estrella, el cheque de 250 euros al mes para facilitar a este colectivo al pago del alquiler, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, anunció ayer la creación de un seguro de impago para garantizar a los jóvenes el pago de los arrendamientos durante un año. Esta nueva ayuda consistiría en la financiación por parte del Estado de un seguro privado de cobertura para un posible impago de la renta de la vivienda. La póliza, explicó la titular de Transportes en unas jornadas que organizan «El Español» e «Invertia», «garantizará» la renta del alquiler durante un año y con una cuota que no podrá superar el 5% de la renta anual. Es decir, que para un alquiler tipo de 600 euros al mes por el que se desembolsen 7.2000 euros anuales, la prima tendrá un coste de 360 euros, según detallaron fuentes del Mitma.
Aunque, de partida, cualquier joven de tren 18 y 35 años se podrá beneficiar de este seguro, tendrá que cumplir una serie de requisitos muy parecidos a los que se exigirán a los perceptores de la ayuda de 250 euros. Así, deberá contar con un contrato de alquiler en vigor y unos recursos económicos hasta un máximo de tres veces el Iprem -que en 2022 será de 579,02 euros al mes-, que se elevará a cuatro en el caso de personas con discapacidad y a cinco si se trata de familias numerosas.
El Mitma también establecerá un tope en lo que se paga de alquiler a partir del cual, el inquilino no podrá beneficiarse de este seguro, según añaden las mismas fuentes. Aunque este máximo todavía no está determinado, desde el Mitma aseguran que no será, en todo caso, igual en todas partes. «Se modulará en función de la presión de los precios del alquiler de cada zona, pues no es lo mismo el precio de un alquiler en Madrid que en otras zonas», explican.
Al igual que el bono alquiler de 250 euros, que cuenta ya con una partida de 200 millones de euros para su ejecución; este seguro se activará el año próximo a través del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y serán las comunidades autónomas, que tienen cedidas las competencias en la materia, las que se encargarán de gestionarlo. El Mitma no tiene un previsión de cuántos jóvenes podrán beneficiarse de esta póliza dado que «dependerá de los convenios que se firmen con las comunidades autónomas». El plan de vivienda contempla una partida de 1.800 millones de euros para su periodo de vigencia de la que se nutrirá esta nueva ayuda en función de los citados convenios.
Durante su intervención de ayer, la ministra volvió a recordar el importante esfuerzo que está haciendo el Gobierno para ayudar a los más jóvenes a emanciparse. Según los cálculos del Mitma, el bono alquiler, sumado a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda de hasta un 40% de la renta, permitirá a los inquilinos de entre 18 y 35 años que un alquiler tipo de 800 euros al mes se traduzca en un desembolso real de 230 euros gracias a las ayudas.
Desgravaciones
El Mitma también cree que está dando un importante empujón al fomento del alquiler en general a través de las desgravaciones fiscales proyectadas en la Ley de Viviendapara aquellos pequeños propietarios que se inclinen por recortar los precios en las denominadas zonas de precios tensionadas. La futura ley establecerá que cuando se firme un nuevo contrato en una zona de mercado residencial tensionado, con una bajada de al menos un 5% sobre la renta del contrato anterior, los propietarios podrán beneficiarse de hasta un 90% en el impuesto neto del IRPF. En el caso de una vivienda arrendada por 800 euros, si el propietario aplicase esta bajada, el importe sujeto a tributación pasaría de 3.830 euros a 638 euros.
Los beneficios fiscales en zonas tensionadas serán efectivos desde el mismo momento en que la Ley de Vivienda entre en vigor y una determinada zona quede bajo esta consideración.
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