El Gobierno prepara alquileres por 150 euros al mes para los más vulnerables

Uno de los problemas que según los expertos explican en gran medida el problema de los altos precios del alquiler en España es la escasez de oferta. En su opinión, para que las rentas bajen, más que intervenir los precios, lo que las administraciones deben hacer es conceder estímulos fiscales y dar más seguridad jurídica para facilitar la salida al mercado de un mayor número de inmuebles en régimen de arrendamiento. Para ayudar a los colectivos más vulnerables, la estrategia debería pasar por levantar un parque público de viviendas sociales más potente. Construirlo es una tarea que puede llevar décadas, como ha quedado demostrado en países punteros en la materia como Austria, que llevan casi un siglo haciéndolo. Y tal vez por eso, el Gobierno va a optar por un atajo con disponibilidad inmediata: la Sareb. Creada en 2012 para gestionar y vender los activos problemáticos de las entidades bancarias rescatadas, esta sociedad semipública dispone de miles de viviendas a las que el Ministerio de Transportes, Molvilidad y Agenda Urbana va a recurrir de forma inmediata para facilitar alquileres por entre 150 y 350 euros al mes.

Según establece el proyecto de Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 que el departamento de José Luis Ábalos acaba de sacar a audiencia pública, entre las medidas para ayudar a los colectivos más vulnerables a acceder a la vivienda se contempla la puesta a disposición de las comunidades autónomas y de las entidades locales de viviendas de la Sareb para su arrendamiento como vivienda social. El plan establece que estos inmuebles solo podrán ser arrendados a personas cuyos ingresos, incluyendo los de todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, no superen tres veces el Iprem en el momento de la suscripción del arrendamiento. Estas viviendas se destinarán, con carácter prioritario, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que le corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el arrendador, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.

Cinco años

La propuesta de Transportes contempla que puedan obtener financiación con cargo a las ayudas de este programa aquellas viviendas que la Sareb ceda en usufructo a las comunidades o ayuntamientos para ser destinadas al arrendatario social durante un plazo de hasta cinco años. La cuantía oscilará entre 150 y 175 euros al mes por vivienda para hacer frente al precio acordado en la cesión del usufructo realizada por Sareb, por el tiempo que dure la cesión.

Las viviendas que se incluyan en este proyecto “deberán estar en condiciones de ser habitadas”, detalla el Ministerio, que añade que en caso de no estarlo, podrán adecuarse con financiación del plan. En el caso de ser necesarias obras de habitabilidad, las comunidades podrán recibir una ayuda de hasta 4.000 euros por vivienda con las que podrán sufragar hasta el 75% de las mismas, incluidos gastos profesionales, impuestos, tasas y tributos siempre que consten debidamente acreditados.

Ayudas a la construcción

Junto a la solución temporal e inmediata que aportarán las viviendas de la Sareb para levantar ese parque de alquiler social que reclaman los expertos, el Gobierno también mira al largo plazo y a la iniciativa privada. Por ello, el Plan de Vivienda 2022-2025 incluye también subvencionar promociones de viviendas que se vayan a destinar al alquiler a precios regulados. Así, el documento propone ayudar a estas promociones con hasta 47.250 euros por vivienda siempre que los precios de las rentas se limiten a 7,5 euros por metro cuadrado útil.

Este proyecto está pensado para promociones de viviendas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación de edificios que se vayan a ceder en uso o destinar a arrendamiento durante un plazo mínimo de 15 años. Los promotores podrán obtener una subvención de hasta 450 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. No obstante, la cuantía máxima de la ayuda no podrá superar el 50% de la inversión ni ser superior a los 47.250 euros por vivienda. Además, esta subvención es compatible con cualquiera otra concedida por otras administraciones públicas.

A cambio de estas subvenciones, los promotores tendrán que fijar el precio del alquiler o de la cesión en uso a un máximo de 7,5 euros por metro cuadrado durante el primer año del contrato. En los posteriores, la renta se revalorizaría conforme al IPC. De este manera, por ejemplo, por un piso de 90 metros cuadrados podrían pedir una renta máxima de 675 euros mensuales. A esta cifra se podrá sumar un 60% del precio por metro cuadrado fijado por cada metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje, trastero o de cualquier otra superficie anexa que no sean elementos comunes. El propietario podrá sumar al alquiler los costes de los servicios que pague y disfrute el inquilino.

Compras

Para engordar el parque público de vivienda de forma más rápida e inmediata, el Plan diseñado por Transportes incluye también ayudas directas para la compra de inmuebles por parte de las administraciones. Estos fondos se tendrán que usar para la adquisición de viviendas que se destinen a alquiler social durante al menos 50 años. El Ministerio sufragará el 60% del precio de la vivienda, incluyendo impuestos, tasas, tributos, gastos de notaría y registro y cualquier otro coste asociado. Las viviendas también tendrán en este caso un precio máximo de 5 euros por metro cuadrado, por lo que un piso de 80 metros cuadrados tendrá un alquiler de 400 euros, precio al que se le sumará el 60% de otros espacios y la renta final se revalorizará cada año con el IPC.