Expertos tributarios piden reformar el Impuesto de Sucesiones y plantean eliminar el de Patrimonio

La reforma fiscal del sistema tributario por parte del Ejecutivo para la ansiada armonización que se pretende desde hace tiempo crea cierta “inseguridad jurídica” a los contribuyentes nacionales e potenciales inversores internacionales que se puedan desarrollar en el país.

Esta reforma incluirá cambios y aumentos en seis impuestos, entre los que se encuentran el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, generando numerosos debates como el del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Este órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas, presentó este miércoles una sesión sobre “La reforma de la tributación de la riqueza” en la que han intervenido José María Durán Cabré, director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), y Juan José Rubio Guerrero, economista y catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

No obstante, expertos en tributación consideran que la implementación de una reforma fiscal de calado el año que viene será “difícil”, ya que el país estaría ante un periodo casi preelectoral que influiría en la toma de decisiones.

Ambos expertos han coincidido en que España es el único país de la Unión Europea que a día de hoy aún aplica el Impuesto sobre el Patrimonio ya que en el resto de sitios ha ido desapareciendo, mientras que el de Sucesiones y Donaciones es una figura tributaria “clásica”.

Los dos impuestos son “fundamentales”, ya que permiten “una personalización de la carga tributaria”, sostiene Rubio Guerrero. No obstante la recaudación impositiva total de estos impuestos supone como media en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 0,7% y en España no llega al 0,5%, por lo que no es “significativo” y el debate debería centrarse en los que generan una mayor recaudación.

“Nada que ver la recaudación del IBI o de Transmisiones Patrimoniales, en comparación al de Patrimonio y Sucesiones. Del total de la recaudación en España de los impuestos sobre la riqueza, el IBI genera el 50% y Transmisiones Patrimoniales el 35%. Por lo tanto el debate se centra muchas veces en una parte minúscula, en este 15%, que vendría a ser un 10% de Sucesiones y un 5% de Patrimonio”, sostiene Durán Cabré.

En el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, este ha sufrido numerosos parches normativos, creando un “frankenstein” de imposición patrimonial. Por lo que en el caso de que se quisiera mantener, Rubio Guerreo explica que esto debe resolverse dentro del “marco de la financiación autonómica y hacerlo de forma razonable”. No obstante, “no tiene sentido que un impuesto en vías de extinción a nivel mundial se haya revitalizado en España de forma indefinida”, sostiene este experto.

En cambio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es una figura que existe “mayoritariamente” en los sistemas fiscales y el cual siguen manteniendo en 24 países de la OCDE, a excepción de Suecia, Noruega, Portugal, Austria y en la Republica Checa. Sin embargo, este impuesto debería solucionar unos problemas técnicos y “armonizándolo” para todas las auotonomías tal y como señala Juan José Rubio.

Elusión fiscal en el Impuesto de Patrimonio

Asimismo, el Impuesto sobre el Patrimonio “tiene enormes capacidades de eludir su pago”, ya que ese afecta a las personas físicas y no a las jurídicas, así que creando sociedades interpuestas sería “relativamente fácil” llegar a eludirlo.

Por lo tanto es un impuesto que en el que la movilidad de capital es enorme y si España no se adecúa a la práctica de los países socios y competidores, tendrá un problema. Uno de los ejemplos mencionados por Rubio Guerrero es que en el caso de Extremadura, este impuesto, con un máximo del 3,75%, podría estar generando en este momento un efecto frontera por el desplazamiento de capitales hacia Portugal, lugar donde no existe.

A este respecto, y tras la intervención de ambos expertos, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha señalado que no le parece “razonable” que España sea el único país de la UE que mantenga este Impuesto sobre el Patrimonio y que se empreñe en mantener el actual formato, ya que “dificulta la atracción y mantenimiento de talento y ahorro, e introduce excesivas distorsiones de equidad dentro de nuestro territorio”.