El Gobierno prepara ya a la concesionaria estatal de autopistas para implantar los peajes

El Gobierno sigue dando pasos para implantar el pago por uso en las vías de alta capacidad españolas. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está acelerando la transformación de la compañía pública Sociedad Española de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt) para convertirla en la gestora de los peajes que quiere implantar. Esta concesionaria asumió la gestión de las radiales R-2 de Madrid a Guadalajara, R-3 de Madrid a Arganda del Rey, R-4 de Madrid a Ocaña, R-5 de Madrid a Navalcarnero, M-12 Eje Aeropuerto, AP-41 de Madrid a Toledo, AP-36 de Ocaña a La Roda, AP-7 de Circunvalación a Alicante y la AP-7 de Cartagena a Vera tras su entrada en concurso de acreedores, posterior liquidación y reversión al Estado. Ahora, según ha detallado el ministerio en una nota de prensa, se está preparando un plan estratégico una de cuyas patas es su digitalización para permitir a Seitt “avanzar en la estructura de tarificación como mecanismo gestor, homogeneizar los sistemas de cobro e implantar sistemas que preparen nuestra red para el uso del vehículo conectado y autónomo, y que promocione el uso del vehículo eléctrico”.

Tras asumir la gestión de las radiales quebradas, Seitt se ha convertido en el mayor gestor de autopistas por kilómetros en España. Ahora mismo, se encarga de la explotación y mantenimiento de autopistas con casi 500 kilómetros de vías de peaje, 200 kilómetros de tramos libres, 29 áreas de servicio y unos 700 trabajadores. “Seitt ha demostrado que es una sociedad pública solvente, rentable y preparada para afrontar las demandas de gestión al máximo nivel, según le ha ido encomendando el Gobierno. Por eso ahora, desde Seitt, aspiramos humildemente, a ser la empresa pública de referencia en la gestión integral de infraestructuras de transporte terrestre, que garantice la movilidad sostenible de los ciudadanos, así como la rentabilidad socioeconómica de la red actual y las nuevas inversiones”, ha asegurado Cristina Moreno, directora general de la sociedad, durante su intervención en la XVI Jornada Nacional de Asefma, la asociación española de fabricantes de mezclas asfáltica.

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Aunque ahora mismo sólo el 5% de la red de carreteras del Estado están sometidas a pago por uso, los peajes están cada día más cerca de ser una realidad en todas las vías de la red de alta capacidad españolas. El Mitma está ya trabajando en el sistema que va a proponer para tarificar las autopistas y cobrar por su uso, una propuesta que Transportes tendrá lista en unos meses. El objetivo de esta medida, que según el Gobierno ya han implantado 24 de los 27 países de la Unión Europea, es obtener recursos adicionales para mantener las carreteras en buen estado de seguridad dado que la conservación de la red ahora acumula un déficit de 9.000 millones de euros debido a la gratuidad actual de las autovías, cuyos recursos de mantenimiento, procedentes en su mayoría de los Presupuestos del Estado, no son suficientes. El Gobierno se comprometió con Bruselas en mayo a adoptar un nuevo sistema de «pago por uso» en las carreteras a partir de 2024, en el marco de la recepción de todos los fondos europeos que España percibirá para la recuperación económica tras el paso de la pandemia.

Pese a que existen muchas especulaciones respecto al sistema que implantará el Gobierno y se apunta a la posibilidad de una viñeta en un primer momento y a una tarificación por kilómetro después, desde el Ministerio de Transportes han asegurado que no hay ninguna decisión tomada. En un principio, de hecho, se barajó como alternativa más viable la implantación de un peaje «blando» de un céntimo por kilómetro para cubrir los costes de conservación de las carreteras dado que su construcción ya está amortizada. Esta es la opción preferida por la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario cree que este tipo de tarificación se aproxima más al principio que defienden de que «el que contamina, paga». Por el contrario, las viñetas o tarifas planas anuales no reflejan a su entender de manera correcta el impacto climático del transporte por carretera.

Sea cual sea el sistema que se adopta, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguran que no se tomará ninguna decisión sin el consenso del resto de partidos y de los sectores afectados. Aseguran que una medida de este calado no tendría opciones de perdurar en el tiempo si no es con el acuerdo de todas las partes implicadas. Aunque a nadie en el sector se le escapa que un acuerdo con otras formaciones políticas amortiguaría el coste que una decisión de este tipo tendría para al partido que lo aplicase.