El Gobierno estudia aumentar la ayuda a los combustibles en otros 10 céntimos por litro

Dos meses y medio después de que el Gobierno aprobara la bonificación de 20 céntimos al combustible, automovilistas y profesionales han visto desaparecer su efecto y ya pagan más por llenar el depósito que antes de esta ayuda. El litro de gasolina ha superado por primera vez la barrera de los dos euros y la previsión es que siga subiendo por la situación geopolítica, que continúa complicada por la guerra de Ucrania. Además, los combustibles superan ya en España el precio medio de la Unión Europea y superan a economías con mayor poder adquisitivo como Alemania, Francia e Italia

Ante esta situación, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya maneja la posibilidad de implementar más medidas destinadas a moderar la escalada de precios de la energía y, entre ellas, no descarta que se aumente la actual bonificación por litro de los carburantes y que se prorrogue más allá del 30 de junio. Así lo ha confirmado en declaraciones a los periodistas en varios actos en Barcelona, en los que ha anunciado que “lo que vamos a hacer es analizar si hay que hacer nuevas modificaciones o cambios para garantizar que esas medidas sean lo más eficaces posibles” para ayudar al consumidor, y entre ellas el Ministerio está barajando la ampliación de la cuantía de la bonificación.

La ministra ha achacado el aumento del precio de los carburantes a su tendencia al alza en los mercados internacionales, pese a que los grandes productores han anunciado una incremento de la producción para poder abaratar el precio por barril. Sin embargo, la ministra ha lanzado una advertencia pero ha asegurado que la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) “está vigilando muy de cerca” la presencia de malas prácticas en las gasolineras.

Precisamente por esta razón, por los presuntos aumentos fraudulentos de los precios, la propia ministra Calviño amenazó con retirar dicha bonificación y con la imposición de fuertes multas y sanciones -que podrían incluir incluso la retirada de las licencias de comercialización- para aquellos que hubieran inflado los precios. Incluso llegó a barajar no prorrogar esta ayuda más allá del 30 de junio, algo que ya se da por hecho ante la escalada imparable de los carburantes, que no parece tener techo.

Por contra, ha defendido que “está siendo una medida muy eficaz” y ha vuelto a defender que las medidas impulsadas por el Ejecutivo para moderar la inflación y alinear los precios con la media de la zona euro puede sufrir “alguna modificación para garantizar la mayor eficacia posible”. También recordó que tienen un impacto fiscal significativo que “también hay que tener en cuenta”.

La que no parece muy partidaria de esta medida la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo que puede abrir un nuevo frente de discordia entre los socios de Gobierno. Díaz volvió mostrar públicamente su disconformidad con que esta bonificación al combustible sea de tipo general y no vaya dirigida “a los que más lo necesitan”. Por ello, apostó por “discriminar” a quiénes reciben esta ayuda para no fomentar el uso de los hidrocarburos e insistió en lo “incomprensible” que resulta bonificar la gasolina o el diésel y no hacer lo mismo, por ejemplo, con el transporte de trenes Cercanías o de Metro. “Al que hay que ayudar es al transporte público”, insistió.

La vicepresidenta ha asegurado que está negociando con la parte socialista del Gobierno la incorporación de dos medidas “muy positivas” para paliar el impacto de la inflación sobre los ciudadanos: la bonificación del transporte público y colectivo y el establecimiento de un impuesto “extraordinario” a las eléctricas. “Nunca había pasado en democracia una enorme transferencia de las rentas de la ciudadanía a las eléctricas por los precios de la energía”, ha criticado

Asimismo, Díaz ha explicado que estas mismas conversaciones incluyen la incorporación de un impuesto “extraordinario” a las eléctricas para compensar a los ciudadanos por la “enorme transferencia” que están haciendo a estas compañías ante el alza de los precios energéticos. “Las eléctricas deben comprometerse con nuestro país”, subrayó la vicepresidenta, y recordó que este tipo de impuesto ya se está aplicando en muchos países y es “una recomendación tanto de la OCDE como de la Comisión Europea”.