España, entre los peores países de la OCDE en respeto al derecho de propiedad de la vivienda por la okupación y el tope al alquiler

“La legislación aprobada por este Gobierno supone un quebranto del derecho a la propiedad y a la vivienda en España”. Con esta contundencia se expresó Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), durante la presentación del informe ‘La necesidad de garantizar la propiedad privada en España’, cuyas conclusiones sitúan a nuestro país en el puesto 26 de 38 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) de la OCDE, con una puntuación un 6,1% inferior al valor medio de la organización y un 5% por debajo de la media de la UE.

Este resultado se ha visto marcado por un “entorno legal y político negativo” en todo lo relacionado con la propiedad, ya sea material o intelectual. Fernández de Mesa se mostró especialmente combativo con las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo en relación con la vivienda y el mercado del alquiler. En este sentido ha advertido que “limitar los precios solo genera una reducción de la oferta y una subida del precio, lográndose un resultado contrario al que se quiere conseguir”. El IEE considera que la imposición de controles a los precios del alquiler reduce drásticamente la oferta de viviendas de forma artificial, ya que los propietarios elevan los requisitos de sus futuros inquilinos, “lo que reduce las posibilidades de los sectores más vulnerables y las rentas más bajas, que son a los que se pretende supuestamente proteger”.

Según remarca en informe, la intervención de los mercados del alquiler ha sido un fracaso en los países en los que se ha impuesto -De Mesa señaló especialmente modelos en los que se ha basado el Gobierno español, como San Francisco, Nueva York, Boston, Estocolmo, París o Berlín- porque ha intensificado “el desequilibrio entre oferta y demanda y provocado un agravamiento del problema. De ahí que no debe ser aceptable ni siquiera como solución transitoria». El IEE remarca especialmente el caso más cercano, el de Cataluña, cuya legislación pionera en este sentido ha provocado “una caída drástica de la oferta y una dinámica contraproducente, que paralizado la construcción de obra nueva y limitado el mercado de las viviendas en alquiler y elevado su precio por encima de la media nacional”.

Mismas consideraciones le supone al think tank de CEOE el tope temporal a la subida del alquiler del 2% por la guerra de Ucrania. En este caso entiende que el efecto es igual de negativo, ya que los propietarios han sacado del mercado muchas viviendas o liquidado sus contratos para “elevar los precios con los nuevos alquileres y paliar la pérdida de ingresos provocada por el tope”. Asimismo, los grandes tenedores también están saliendo del mercado, han retirado buen parte de la inversión e, incluso, “muchos de ellos se plantean salir de nuestro país por culpa de la medidas intervencionistas y regulatorias”. Entre las consecuencias de esta salida está la paralización de inversiones en las que se encuentran muchas promociones de vivienda en alquiler.

Especial atención prestaron desde el IEE a los problemas de okupación en España, una “situación preocupante” que se ha agravado con la suspensión de los desahucios, que “vulnera el derecho de la propiedad al no poder ejecutar el desahucio con rapidez y sin recurrir a los servicios sociales, algo que daña nuestro marco institucional”, incidió Fernández de Mesa. El informe critica con dureza que la tendencia en España “ha sido dulcificar la postura hacia el fenómeno, tipificándose la conducta sin hacer distinción entre ocupas y okupas, y con cierta permisibilidad desde las instituciones, e incluso intentos parlamentarios por eliminar el tipo penal”. Las consecuencias sobre el mercado también son perniciosas, ya que “se reduce la oferta al exigir los propietarios mayores garantías que los grupos más vulnerables no pueden satisfacer”.

Ante esta situación límite en el mercado inmobiliario del alquiler, el informe reclama que se pongan en marcha medidas de actuación “claras y simplificadas, sin vulneraciones jurídicas, con mayor agilidad y eficiencia para resolver conflictos inmobiliarios, que se facilite la recuperación de la propiedad en casos de okupación, con mayor protección jurídica del propietario, que se potencie vivienda social en alquiler y que se establezcan incentivos fiscales para la construcción de vivienda social, que en España está muy alejada de los parámetros europeos. Para ello se debería “favorecer el desarrollo de suelo público y eliminar las rigideces y limitaciones de las normativas urbanísticas que condicionan el desarrollo de viviendas en alquiler asequibles”.