Guarda silencio

El Consejo de Transparencia acusa a la Administración de obstaculizar su tarea

Denuncia que utiliza el silencio administrativo para evitar dar la información pedida

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero durante su visita al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero durante su visita al Ayuntamiento de Jerez de la FronteraRomán RíosAgencia EFE

Obstaculizar las investigaciones, negar información solicitada y usar el silencio administrativo como respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha enviado a varios ministerios quejas formales por denegar a ciudadanos y empresas información solicitada, una actitud que, «dificulta considerablemente» su tarea de pronunciarse sobre las reclamaciones que no ven satisfecho su derecho a la información pública, según denuncia en su última memoria –la de 2021–.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de 2014, la mayoría de las reclamaciones presentadas contra denegaciones de información han estado motivadas por la falta de respuesta de la Administración. Si en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, el organismo al que se piden los datos no contesta o no pide un mes más para poder recopilar la información que le reclama, la solicitud se entiende denegada por silencio administrativo. Las personas que no están conformes con la respuesta que les da la Administración cuando piden cualquier dato, tienen derecho a reclamar ante el Consejo.

El órgano que preside José Luis Rodríguez Álvarez ha criticado el «elevado número» de reclamaciones que suscitan esos silencios –más del 40% del total–, y no solo con el peticionario inicial, sino incluso con el propio Consejo de Transparencia, al que también contesta con igual silencio administrativo. Esto ha motivado que este organismo considere que «este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada», negándole el acceso a la información, de modo que no puede disponer de «todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada», según recoge Europa Press.

No es la primera que el Consejo lanza esta reprimenda. Lo ha hecho en sucesivas resoluciones, en las que acaba dando la razón a los reclamantes que se toparon con el silencio del órgano al que se dirigieron. «Esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública», aseveró la autoridad independiente, que de nuevo espera una respuesta.