Los puntos de recarga de coche eléctricos, otra amenaza para el coste de los alimentos

El afán del Gobierno por ser el alumno aventajado de la transición energética a pesar de la que está cayendo en Europa en los últimos meses con la guerra de Ucrania vuelve a tener al sector de la distribución como damnificado. El Ejecutivo mantiene, por ahora, no sólo su plan de implantar la nueva tasa que grava a los envases de plástico no reutilizables a partir del 1 de enero de 2023 sino que también insiste en que las grandes superficies comerciales instalen miles de puntos de recarga para vehículos eléctricos antes de esa fecha cuyo coste puede elevarse hasta los 60 millones de euros. Y lo hace, paradójicamente, en un contexto en el que está presionando a la distribución para relaje los precios de los alimentos.

España es el único país de la UE que ha decidido adelantar dos años los requisitos mínimos establecidos por la directiva europea de eficiencia energética. Entre las medidas que recoge esta norma está el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno en, entre otros lugares, grandes superficies comerciales. Anged, la patronal de compañías como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, calcula que sus asociados deberán instalar para cumplir con lo que exige Bruselas 20.000 puntos de recarga antes del 1 de enero de 2023, frente a los 17.000 totales que hay ahora en toda España; con una inversión de entre 3.000 y 6.000 euros por cada uno.

El despliegue de esta red no sólo requiere de una fuerte inversión para las empresas, sino de una capacidad técnica (empresas instaladoras autorizadas) y una adecuación del resto de normativa (municipal, prevención, seguridad, entre otras) que no se da en estos momentos, según advirtió ayer el secretario general de Anged, Marcos Casado, en la Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno del Congreso.

En medio de una fuerte crisis energética y un entorno de gran incertidumbre para el consumo, la distribución se ha visto afectada en el último año por una treintena de nuevos costes regulatorios y fiscales que, a la postre, presionan al alza los precios de los alimentos, según recordó Anged. Para evitar nuevas cargas adicionales, Casado propuso un plan progresivo para instalar el 20% del total de puntos de recarga antes del 1 de enero de 2023, el 50% antes del 1 de enero de 2024 y el 100% de las estaciones de recarga para el 1 de enero de 2025. Anged solicitó también ayudas efectivas para el despliegue de estas infraestructuras y, sobre todo, una disminución de las trabas administrativas puesto que, según denunció, “las cargas burocráticas y los complejos trámites de las licencias retrasan en exceso las nuevas instalaciones de puntos de recarga”.

La distribución asegura que puede contribuir a la transición hacia una movilidad más sostenible y a incrementar el número de puntos de recarga. “Pero la norma debe ser proporcionada y racional, buscar incentivos y no aumentar todavía más la crisis de costes que sufren las empresas”, según añadió esta patronal.