Hasta cuatro mensualidades por adelantado: los caseros endurecen las exigencias para alquilar al margen de la ley

Con la ley en la mano... y sin ella si lo consideran necesario para su tranquilidad. Los caseros están exigiendo cada vez más garantías a los potenciales inquilinos para alquilar sus viviendas. Y no necesariamente cumpliendo la ley escrupulosamente. De un tiempo a esta parte, diferentes actores del sector, como la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) o Finaer, multinacional de garantías de alquiler, vienen detectando un endurecimiento de los requisitos que los propietarios exigen a los candidatos a inquilinos para arrendarles su vivienda. Pero entre estas garantías, las hay que, según el director comercial de Finaer, Jesús Pérez; no serían legalmente exigibles. Desde la compañía explican que es ya habitual que se exija no sólo un mes de fianza, sino una posible garantía adicional de hasta dos meses de renta y un mes corriente de renta, que es lo que permite la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, cuatro mensualidades por adelantado. También es común, añaden, que se solicite el contrato de trabajo para demostrar si hay estabilidad y seguridad laboral, valorando mejor a los candidatos con contrato indefinido o a los funcionarios. Para asegurarse de esto último, y aunque esté al margen de la ley, algunos propietarios "también exigen antigüedad de más de un año en el mismo trabajo para poder alquilar", explica Pérez. Hay propietarios que también piden hasta tres nóminas para acreditar la solvencia del posible inquilino, añaden desde Finaer.

En caso de que el interesado tenga un salario bajo, y aunque tampoco es obligatorio, hay caseros que piden un aval bancario o personal en carácter de fiador personal para procurarse una cierta seguridad en los pagos.

"Lo que los arrendadores quieren es tener mayor seguridad de que los inquilinos puedan pagar. Y eso tiene que ver con su capacidad de endeudamiento, que no puede ser muy elevada y que tiene que ver con sus ingresos y que tengan una estabilidad laboral", resume José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

Pagos en negro

Una cuenta bancaria en España es otro de los requisitos necesarios para poder firmar un alquiler y pagar la renta. Sin embargo, como explica Pérez, tampoco es extraño que se exija el cobro de "cantidades en negro a cuenta de garantizar el pago de la renta o el estado de conservación del inmueble".

En el endurecimiento de las condiciones para alquilar han tenido mucho que ver las decisiones que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. "Los arrendadores se sientenmás amenazados con las medidas intervencionistas que se están tomando en su contra", apunta Zurdo, en clara alusión a decisiones como la del Gobierno de topar el incremento de los alquileres al 2% este años. Estas medidas, asegura el director general de ANA, "crean mucha inseguridad jurídica, y por ello tratan de protegerse [los caseros] al máximo buscando inquilinos que les aporten más solvencia económica o mayores garantías para poder afrontar los problemas que les puedan surgir, sobre todo por los tiempos tan exagerados que se tardan en recuperar las viviendas, en casos de desahucios”, añade.

Pérez asegura que "desde que la demanda empezó a superar a la oferta de manera importante hacia 2017, los requisitos apenas habían variado. Sin embargo, la crisis producida por la pandemia y las medidas de contingencia tomadas por el Ejecutivo añadieron mucha incertidumbre al sector de los propietarios", afirma el director comercial de Finaer. Asimismo, añade, desde que se anunció el proyecto de Ley de la Viviendaen marzo de 2022, "la sensación de indefensión de los propietarios ante un impago u okupación del inmueble ha aumentado de forma exponencial haciendo que los requisitos y selección del futuro arrendatario sean cada vez más estrictos".

La percepción de Pérez es que, además, esta tendencia a exigir cada vez más garantías no va a variar. "El propietario tiene mayor riesgo de sufrir impagos producto de la crisis económica y también por la sensación de impunidad que se ha venido creando alrededor de la nueva Ley de Vivienda", explica. El arrendatario actual y sobre todo el futuro "será el mayor perjudicado en todo este proceso ya que verá cómo se irá dificultando el acceso a una vivienda de alquiler, aumentando también los requisitos y las condiciones para poder calificar como un buen arrendatario, explica el directivo de Finaer.

Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) consideran a este respecto que la Ley de Vivienda, que a su juicio también incrementa la inseguridad jurídica, va a dar una vuelta de tuerca a estas condiciones. En todo caso, habrá que ver qué recorrido puede tener esta normativa. Sobre todo si hay cambio de presidente del Gobierno tras las elecciones generale del próximo 23 de julio. El Partido Popular presentó la semana pasada una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que pide la derogación de la ley y la puesta en marcha de un plan "antiocupación" que permita desalojos en un plazo de 24 horas. Un movimiento que hace presagiar que si Alberto Núñez Feijoo llega a La Moncloa, es más que probable que tumbe una normativa impulsada por Pedro Sánchez.