Berkeley se hunde más de un 15% en Bolsa tras bloquear la Justicia su mina de uranio en Salamanca

Nuevo golpe a Berkeley tras quedar frustrado su proyecto para construir la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa en la localidad salmantina de Retortillo. Las acciones de la compañía se desplomaban más de un 15% este miércoles en Bolsa tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de bloquear la autorización de uso de suelo y la licencia urbanística para la construcción de la mina de uranio de la compañía en Salamanca.

La compañía arrancó la jornada bursátil a la baja, liderando los descensos del mercado español, con una caída del 10,05% a las 9:20 horas, hasta los 0,1934 euros por acción, aunque minutos después reducía su desplome al 9,02%, hasta los 0,1956 euros. El pinchazo ha ido aumentado con el paso de las horas hasta registrar un caída del 16%, que ha dejado el valor de su acción en 0,177 euros a las 9:50 horas. Una hora después, el batacazo ronda el 15,5%, con la acción en 0,182 euros.

Las acciones de Berkeley ya sufrieron otro varapalo el pasado 24 de julio, tras las elecciones generales, que dejaron a Alberto Núñez Feijóo en una situación complicada para formar gobierno y, por lo tanto, con pocas posibilidades de sacar el proyecto adelante por la oposición frontal del PSOE a la mina de uranio. Aquel día, las acciones se llegaron a desplomar un 38,4%, siendo el valor más castigado del mercado español. En cambio, un día después de que el PP, al que se considera más proclive a poner en marcha el proyecto, ganase las elecciones autonómicas y municipales, sus títulos se dispararon un 21%.

Sentencia en contra

En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado los recursos para revocar las sentencias de primera instancia relativas a la Autorización de Uso Excepcional del Suelo (AEUL) y la Licencia Urbanística (UL) para el proyecto de construcción de la mina de uranio de Berkeley.

La compañía recordó en una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la AEUL y la UL fueron concedidas a la sociedad en julio de 2017 y agosto de 2020 por la Comisión Regional de Medio Ambiente y Urbanismo, y el Ayuntamiento de Retortillo, respectivamente. Así, Berkeley ha explicado que está en "total desacuerdo" con los fundamentos de las sentencias del TSJ, y ha asegurado que presentará recursos contra las sentencias del TSJ ante el Tribunal Supremo de acuerdo con la legislación española "para defender su posición y emprender todas las acciones necesarias para preservar sus derechos".

La organización no gubernamental Plataforma Stop Uranio y el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes interpusieron recursos administrativos contra las autorizaciones ante los Juzgados de Primera Instancia de Salamanca, que fueron desestimados en septiembre de 2022 y enero de 2023, respectivamente. No obstante, uno de los recurrentes interpuso posteriormente sendos recursos ante el TSJ, y este ha dictado ahora sentencias que revocan las sentencias de primera instancia y declaran nulas las dos autorizaciones.

Oposición también del ayuntamiento

El pasado 25 de agosto, la nueva corporación municipal de Retortillo canceló la licencia urbanística concedida a la minera Berkeley en 2020 y retomó el expediente sancionador por "faltas muy graves" en el marco de su proyecto. "No me he presentado para esto en concreto, no tengo nada en contra de los señores de Berkeley, pero sí en contra de una explotación minera en el término de Retortillo", explicó entonces a EFE la alcaldesa socialista María del Carmen González Calderón, que sustituyó tras las elecciones del 28M a un alcalde del PP, favorable a la mina.

El pasado 24 de julio, la multinacional minera acusó al Ministerio para la Transición Ecológica de España de "infringir" la normativa administrativa en la tramitación de su proyecto de mina de uranio en Salamanca, sobre la que mantiene su recurso en los tribunales. Berkeley sostiene que la forma en que el Ministerio ha frenado su proyecto en Salamanca "no es legal" y es "arbitraria" y pide al Gobierno central que reconsidere su decisión de "vetar" el proyecto