El castigo del coste invisible para los autónomos

La agenda fiscal aplicada a los trabajadores autónomos en 2025 se ha convertido en un campo de tensión entre los principios de equidad contributiva y la lógica de sostenibilidad financiera del sistema de protección social. La reciente subida de las cotizaciones al RETA y la falta de transposición de la Directiva (UE) 2020/285, relativa a la franquicia del IVA para ingresos inferiores a 85.000 euros anuales, configuran un escenario normativo contradictorio, con implicaciones negativas tanto en términos de eficiencia económica como de justicia distributiva.

Esta doble decisión, lejos de avanzar hacia una fiscalidad más justa y eficiente, amenaza con debilitar de nuevo a la clase media en la que se insertan la mayoría de los autónomos. En el contexto actual, el autoempleo representa apenas el 14% del empleo total en España, su nivel más bajo desde que existen registros.

Pese a ello, el Gobierno ha optado por incrementar las bases y tipos de cotización bajo el argumento de reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, la Airef ha estimado que el impacto de dicha reforma supondrá apenas un 0,2% del PIB, lo que cuestiona la proporcionalidad de la medida respecto a sus beneficios proyectados. Desde el punto de vista microeconómico, la medida introduce una distorsión regresiva. Para los autónomos con rendimientos netos bajos –por ejemplo, en el tramo de 400 euros mensuales–, la cuota mínima de 205 euros implica una carga efectiva superior al 50% de sus ingresos, anulando el principio clásico de equidad vertical. Este diseño tributario se traduce, de facto, en un impuesto a la supervivencia empresarial más que en un instrumento de cohesión social.

El discurso gubernamental sobre justicia contributiva pierde solidez al no acompañarse de una simetría en la acción protectora. El tipo total de cotización, que alcanza el 31,4% de la base declarada, se dedica a contingencias comunes, cese de actividad, formación y mecanismos intergeneracionales. Sin embargo, sólo cuatro de cada diez autónomos acceden efectivamente a la prestación por cese de actividad. Ello pone de manifiesto un desequilibrio estructural entre la obligación fiscal y el retorno social de la contribución.

En paralelo, España incumple su obligación de transponer la directiva europea que permitiría eximir del IVA a profesionales con ingresos inferiores a 85.000 euros. Este régimen especial, vigente ya en la mayoría de los Estados miembros, tiene como finalidad reducir la carga burocrática y liberar recursos administrativos para la actividad productiva. Su mecanismo implica que los autónomos acogidos quedan exentos tanto de repercutir IVA a sus clientes como de presentar declaraciones trimestrales, a cambio de renunciar a la deducción del IVA soportado.

Su no adopción genera un coste de oportunidad significativo. Desde la perspectiva de política pública, la franquicia fiscal no sólo reduciría la fricción administrativa, sino que también incentivaría la formalización de actividades actualmente marginales o sumergidas. La negativa de Hacienda a implementar la medida bajo el pretexto de preservar la recaudación revela una preferencia institucional por el control tributario frente a la eficiencia económica y la armonización europea. El efecto conjunto de ambas decisiones tiende a penalizar el emprendimiento de baja escala, un segmento que constituye la base del tejido productivo y la innovación incremental.

En perspectiva macroeconómica, la medida podría incluso erosionar la recaudación futura al reducir el número de contribuyentes activos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, comprometiendo tanto la elasticidad de la base fiscal como el dinamismo empresarial en el medio plazo. En un contexto de desaceleración, consolidar un marco impositivo más oneroso y mantener una estructura burocrática innecesaria no responde a un modelo sostenible ni competitivo. La literatura económica reciente ha insistido en que los sistemas fiscales deben equilibrar sostenibilidad y eficiencia mediante fórmulas que minimicen la carga administrativa e incentiven la formalidad, no que la castiguen.

El actual diseño de la política fiscal hacia los autónomos refleja una falta de coherencia estratégica. La equidad contributiva no puede interpretarse aisladamente de la equidad en la protección social ni del entorno regulatorio que condiciona la supervivencia del pequeño emprendedor. España necesita transitar hacia un enfoque de fiscalidad proporcional, adaptado a la realidad microeconómica del trabajo por cuenta propia, y alineado con las mejores prácticas europeas. Sólo así será posible reconstruir el equilibrio entre ingresos públicos y sostenibilidad del tejido emprendedor del país. De lo contrario, España se arriesga a consolidar una economía dual, en la que el trabajador por cuenta propia soporta un esfuerzo desproporcionado, sin la estabilidad ni los derechos del asalariado ni la capacidad de deducción de la empresa. Subir cotizaciones mientras se ignoran las directrices europeas que aliviarían la carga fiscal no es justicia redistributiva: es ineficiencia económica y ceguera estructural.

Álvaro Hidalgo Vega, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico (UCLM) y presidente Fundación Weber