Díaz, al ataque: acusa a Calviño de «tratar de recortar derechos»

La «guerra» entre la todavía vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la líder de Sumar, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a cuenta de la reducción de las prestaciones por desempleo a las que se mostró favorable Calviño sumó ayer un nuevo frente.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social remarcó ayer que el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) terminará el año con un superávit de más 5.700 millones de euros, por lo que considera que no hay «ningún argumento» que justifique «recorte alguno» en el sistema de protección por desempleo.

«No solo es que no justifique recortes, es que nuestro sistema de protección por desempleo está más saneado que nunca, insisto, un superávit de 5.700 millones de euros», defendió ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien avanzó que de aquí a la conclusión del año el sistema obtendrá más de 27.300 millones de euros derivados de la recaudación por desempleo, debido, principalmente, al récord de afiliación a la Seguridad Social y a los mejores salarios, gracias a la subida del 47% del salario mínimo interprofesional y a la evolución de los salarios en la negociación colectiva. El departamento de Díaz no mencionó las pasadas transferencias recibidas del Estado para cuadrar las cuentas del SEPE.

Trabajo pretende que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem (fijado en 600 euros al mes), eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses. En caso de que el Iprem se eleve, también lo haría el subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes a los que debe equivaler la ayuda.

El Ministerio de Economía propone rebajar la duración del subsidio de 30 a 12 meses y rebajar su cuantía progresivamente, hasta una media de 442 euros a lo largo del único año en el que se percibiría.

El departamento de Calviño quiere que durante el primer año de paro, los primeros tres meses se cobre el 100% del Iprem (600 euros actualmente), para después bajar al 80% del Iprem (480 euros mensuales) en el segundo trimestre; al 65% del Iprem en el tercer trimestre (390 euros) y al 50% en el último trimestre (300 euros). Economía defiende que el actual sistema o cuantías más elevadas desincentiva la búsqueda de empleo y fomenta la economía sumergida.

Díaz acusó ayer a Calviño, de defender el modelo de «recortar derechos» y admitió la «batalla ideológica» entre ambas. «La vicepresidenta económica defiende un modelo de recortar derechos en el subsidio por desempleo», criticó en una entrevista en el programa «Al Rojo Vivo», de la Sexta.

La vicepresidenta segunda ha reiterado que esta reforma del subsidio por desempleo comprometida con Bruselas es competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social. «Soy la competente», defendió Díaz.

En cualquier caso, los sindicatos ven insuficiente la propuesta de Díaz. Tanto UGT como CC OO piden aumentar las coberturas y las cuantías por encima de esos 600 euros. Piden que la prestación asistencial supere el índice de pobreza, el 50% de un salario medio, lo que equivaldría a superar los 660 euros al mes. Según las centrales, esas cantidades no desincentivan la búsqueda de empleo.

La prestación por desempleo se aprueba mediante real decreto Ley que tiene que ser convalidado por el Congreso de los Diputados, mientras que la cuantía del desempleo se tramita por real decreto y lo dicta el Gobierno.