España, camino de 17 mercados laborales: el Gobierno hace prioritarios los convenios autonómicos

El Gobierno ha introducido en el Real Decreto-ley que reforma el subsidio por desempleo la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales que Pedro Sánchez prometió al PNV en el acuerdo de investidura con esta formación.

El Gobierno ni siquiera mencionó ayer este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la reforma del subsidio pese a que en ella comparecieron la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, entre otros miembros del Gobierno.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, desveló ayer que este asunto había sido aprobado por decreto por el Gobierno en el que es el comienzo del camino hacia 17 modelos regionales diversos en materia laboral, algo que incomoda por igual a los empresarios, al considerar que rompe la unidad de mercado y de empresa y socava el diálogo social, como a los sindicatos de clase.

La patronal CEOE ha remarcado que no tiene sentido que una empresa tenga dos convenios diferentes por el simple hecho de tener un centro de trabajo situado a 20 kilómetros de otro.

En cualquier caso, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles se recoge dentro de la norma que reforma el subsidio por desempleo la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales, aunque "condicionada" a que su aplicación resulte más favorable para los trabajadores que la fijada en los convenios o acuerdos estatales y a que obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora.

No obstante, se considerarán materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.

Para introducir este cambio. se modifica el artículo 84 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores "al objeto de mejorar la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las comunidades autónomas, asegurando la aplicación de los acuerdos o convenios más favorables para las personas trabajadoras".

A partir de ahora, los "acuerdos y convenios suscritos en el ámbito autonómico tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación".

No obstante, añade el Gobierno, "dicha prioridad aplicativa queda condicionada ahora exclusivamente a que la regulación de los convenios o acuerdos autonómicos resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales, de modo que paralelamente se promueva el desarrollo de los ámbitos autonómicos de negociación y los derechos de las personas trabajadoras".

Estos cambios en la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos entrarán en vigor mañana, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, en tanto que la reforma del subsidio por desempleo lo hará el 1 de junio de 2024.

PNV: "Es parte del marco de relaciones propio"

La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales fue una medida que se excluyó de la reforma laboral de 2021, pero quedó incluida en el acuerdo que los nacionalistas alcanzaron con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

Según destacó ayer Aitor Esteban, la aprobación de esta medida ha sido "largamente reclamada" por la clase trabajadora y de los sindicatos en Euskadi. "Amplía lo que nosotros solemos llamar el marco de relaciones propio", subrayó el portavoz vasco.

En concreto, el PSOE y el PNV acordaron para investir a Pedro Sánchez reformar el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores para la prelación de los convenios autonómicos, algo que no se incluyó en la reforma laboral de 2021 y que provocó el rechazo de los nacionalistas en la votación.