Esta es la medida que implantó el Gobierno para promover la jornada laboral de cuatro días: ¿cuál es el siguiente paso?

El Gobierno de España ha mantenido en los últimos años un interés constante por reducir la jornada laboral y mejorar la conciliación entre la vida personal y profesional. Esta intención se ha reflejado en distintos intentos de reforma que buscaban modernizar el mercado de trabajo y adaptar los horarios a las necesidades de los trabajadores del siglo XXI. La idea de flexibilizar la jornada no es nueva, pero ha cobrado fuerza ante la creciente demanda social de mayor tiempo libre sin que se vea comprometida la productividad. Este debate también ha generado un amplio interés en la opinión pública y en los sindicatos, que ven en la medida una oportunidad para equilibrar la vida laboral y familiar.

El fracaso de la no aprobación de la reforma laboral promovida por Yolanda Díaz en el Congreso no ha detenido el impulso del Ministerio. Aunque la iniciativa no consiguió los apoyos suficientes, el Ejecutivo sigue considerando la reducción de la jornada como una meta a corto plazo y trabaja en estrategias para retomar la propuesta con nuevas fórmulas. La persistencia en este objetivo refleja la intención de adaptar la legislación laboral a un entorno económico y social que reclama mayor bienestar para los empleados. En paralelo, diversos expertos analizan cómo una jornada más corta podría impactar positivamente en la productividad sin afectar la competitividad de las empresas.

En este horizonte se contempla la posibilidad de aplicar la jornada de cuatro días o incluso la reducción a treinta y dos horas semanales. Aunque en la práctica este escenario todavía se percibe como utópico, diversos estudios y experiencias internacionales muestran que una jornada más corta puede aumentar la productividad y el bienestar de los trabajadores. Países como Islandia o Nueva Zelanda ya han experimentado con modelos similares y han registrado resultados positivos, demostrando que esta idea es viable si se implementa de manera organizada y gradual. Además, el debate incluye la necesidad de redefinir la cultura laboral en España y adaptar la gestión de los equipos a estos nuevos esquemas.

La ayuda que implementó el Gobierno

Para incentivar a las empresas a probar esta práctica laboral, en 2023, el Gobierno puso en marcha una subvención que buscaba cubrir hasta el 90 % del presupuesto financiable de los proyectos piloto, con un importe máximo de 200.000 euros por empresa. Se trata de ayudas de minimis reguladas por el Reglamento de la UE nº 1407/2013, destinadas a apoyar a las empresas en la reorganización de la jornada. La proporción de la ayuda varía según el tamaño de la empresa. Un 90 % para compañías de hasta diez empleados, un 80 % para las que tienen entre 11 y 52 trabajadores y un 75 % para aquellas con entre 53 y 249 empleados. Estas ayudas buscaron motivar a las empresas a participar en los programas piloto y a evaluar sus beneficios sin asumir riesgos financieros elevados.

El programa financió parcialmente los costes salariales de los trabajadores que reduzcan su jornada durante el primer año, así como los gastos en formación y en la implementación de medidas organizativas. Esta financiación tenía como objeto buscar que las empresas puedan asumir los cambios sin comprometer su viabilidad económica, facilitando la transición hacia un modelo más flexible y sostenible. Los resultados obtenidos hasta ahora servirán para definir posibles ampliaciones o ajustes en la política laboral.

¿España podría seguir el ejemplo de otros países?

La experiencia de otros países muestra diferentes formas de permitir este derecho laboral. En Islandia se realizaron pruebas entre 2015 y 2019 que demostraron mejoras en productividad y bienestar. En Reino Unido varias empresas adoptaron la semana laboral de cuatro días sin reducción salarial y obtuvieron resultados positivos. Bélgica ofrece la opción de condensar la jornada en cuatro días, y en Nueva Zelanda varias empresas han implementado la jornada reducida con buenos resultados. Estos ejemplos internacionales sirven de referencia para el diseño de políticas y programas en España, así como para generar confianza entre empresarios y empleados sobre los beneficios de la medida.

A largo plazo, la implementación de la jornada laboral de cuatro días en España dependerá de la evolución de los programas piloto, del consenso político y de la aceptación empresarial y social. Las posibilidades incluyen establecer incentivos permanentes, adaptar la legislación laboral y garantizar que las reducciones de jornada no afecten los salarios ni los derechos de los trabajadores. Si estas condiciones se cumplen, España podría avanzar hacia un modelo más flexible y competitivo, donde la reducción de horas de trabajo conviva con la productividad y el bienestar de los empleados. Además, este cambio podría servir de ejemplo para otras políticas laborales enfocadas en la conciliación y la calidad de vida.