Factura de la luz: ¿qué IVA hay que aplicar?

Las rebajas impositivas sobre la luz hicieron que el año pasado la factura eléctrica media de un hogar con la tarifa regulada (PVPC) fuera de 60,26 euros al mes, es decir, unos 723 euros anuales, 534 euros menos que en 2022 y 226 euros menos que en 2021, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Y es que si no se hubiese aplicado la reducción del IVA y del impuesto de la electricidad, el recibo eléctrico en 2023 habría sido 148 euros más caro.

No obstante, la decisión del Gobierno de retirar las rebajas de impuestos este año conllevará a un encarecimiento de la factura. Tanto es así, que el recibo de la luz para un consumo promedio subirá un 6,8%, es decir, unos tres euros más al mes, según cálculos del comparador Kelisto.

Por tanto, muchos consumidores ya están recibiendo estos días sus facturas energéticas con un IVA del 10%, el vigente desde 2024, en vez del 5% de 2023, que es cuando se realizó el consumo. Pero, ¿esto es legal?

"Según establece la Ley del IVA, en los suministros de electricidad, gas o telefonía, el IVA se devenga en el momento en que resulta exigible el precio de cada servicio", explica la OCU. La fecha en la que es exigible el pago se fija en cada contrato, aunque lo habitual es que sea en el momento en el que se expide la factura, independientemente de los períodos en los que se haya consumido la electricidad.

En este sentido, las comercializadoras actúan correctamente al aplicar el IVA vigente en el momento de enviar la factura a pesar de que sean consumos anteriores y perjudique al consumidor. No obstante, desde la OCU recuerdan que hace un tiempo ocurrió lo mismo cuando los usuarios pagaron un IVA del 5% por la energía consumida durante semanas o meses cuando este impuesto era del 21%.

Otro de los aspectos que agrava esta situación para los consumidores es que la facturación de los suministros de electricidad y facturación depende de la información que facilita la distribuidora y como la gestiona la comercializadora. Por tanto, los retrasos que sufren algunas compañías provocan que los consumidores no reciban las facturas en fecha, además de tener que pagar un IVA y un Impuesto de Electricidad más elevado que si se hubiera realizado en fecha.

Las comercializadoras y distribuidoras no obtienen ventajas por estos retrasos en la facturación, dado que actúan como recaudadores de impuestos que deben a su vez entregar. Sin embargo, esta situación sí tiene consecuencias negativas para sus clientes y la OCU asevera que "no se ponen medios suficientes para revolverlos a tiempo porque se sabe que se trata de pequeñas cantidades individuales de dinero, y que los procedimientos para reclamarlos serán largos y sin un éxito garantizado".