Los funcionarios seguirán blindados aunque suspendan el control de desempeño

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes varios aspectos que estaban incluidos en la ley de Función Pública que el Ejecutivo negoció sin llevar a término con los sindicatos la pasada legislatura, entre los que se incluyen la evaluación del desempeño de los empleados públicos.

Así lo ha anunciado el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que el objetivo de las medidas es el de "modernizar la administración pública".

Algunas de las medidas aprobadas, ha indicado Bolaños, derivan del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2006.

El Gobierno ya aprobó hace justo un año la primera ronda del anteproyecto de ley de la Función Pública, en el que se establecía una mayor profesionalización de la gestión y las carreras públicas, con una evaluación continua del trabajo de los funcionarios, así como complementos salariales para incentivar la progresión y el desempeño de los objetivos. Los actuales complementos de productividad estarán pues vinculados al buen desempeño de los empleados públicos en estas evaluaciones.

El propósito es alinear los objetivos de la Administración con la política de recursos humanos y adaptar la selección de personal con las necesidades de la Administración. Esta ley se suma a la actualización de los criterios de promoción interna, que desató una oleada de críticas sindicales y generó un gran malestar entre buena parte de los funcionarios.

A través de la evaluación se valorará periódicamente la conducta profesional y se medirá el rendimiento el logro de resultados de los empleados públicos. La finalidad es mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos.

Pese a todo, los funcionarios seguirán blindados ya que el proceso de control se plantea "en positivo" y las evaluaciones serán consensuadas con las organizaciones sindicales. "En ningún caso implicarán la pérdida de la condición de funcionario para quienes no las superen", explica el Ministerio de Hacienda y Función Publica en un comunicado.

En el caso de que un empleado o empleada pública no tengan resultados satisfactorios en las mismas, se fomentarán las medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño.

"Se refuerza la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos y funcionarios", ha afirmado el ministros, lo que servirá para valorar su conducta, desempeño y el cumplimiento de objetivos.

Igualmente, se introduce la carrera profesional horizontal, que permite progresar por tramos desde el mismo puesto en la empresa o administración pública, y también se regulan las figuras de los directivos públicos.

El titular de Justicia ha avanzado asimismo una "planificación estratégica de los recursos humanos" en el ámbito del empleo público con la profesionalización de los tribunales, un modelo de selección "más ágil" y la transformación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en una "agencia".