El Gobierno no aplica su reforma laboral: más de un millón de funcionarios siguen con contrato temporal

La reforma laboral ha logrado reducir el empleo temporal en las empresas privadas a mínimos históricos –dejando de lado el agujero de la contratación de fijos discontinuos y la reducción preocupante de las horas trabajadas–. Pero al igual que pymes y grandes empresas han cumplido con lo exigido, las Administraciones Públicas continúan de espaldas a esa realidad y su ritmo de reducción de este tipo de empleo que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tacha de «precario», apenas se ha reducido en los dos años que lleva la reforma en vigor. Así, la tasa de temporalidad en el sector público roza el 30% –con datos de cierre de 2023–, impulsada por la elevada eventualidad en comunidades autónomas y ayuntamientos, que concentran a nueve de cada diez empleados públicos con empleo temporal e interinidades.

Aunque esta tasa se ha reducido en el último año mínimamente por debajo de ese 30% –hasta el 29,58 %–, continúa en niveles «inaceptables» según los sindicatos, duplicando la contabilizada en el sector privado (13,2%) y con más distancia aún con la media de la UE. Lo ratifican los últimos datos oficiales de Eurostat, que muestran que España es el segundo país europeo con una mayor tasa de temporalidad general –un 18,1% con la suma de los sectores público y privado–, solo por detrás de Holanda (23,2%) y muy por encima de la media de la UE (12,1%).

También lo corrobora la última encuesta de población activa (EPA) publicada por el INE, que estima que los casi 3,6 millones de empleados públicos que había en el cuarto trimestre del año pasado, más de un millón tenía contrato temporal. 723.400 de estos trabajadores con contratos limitados trabajan para la Administración Autonómica, por 231.000 que lo hacen en las entidades locales. En el caso de la Administración General del Estado –incluyendo la Seguridad Social– los empleados temporales e interinos suman 70.100, mientras que 34.500 lo hacen en empresas públicas y 3.700 en otros organismos, por lo que superarían de largo los 100.000.

En términos porcentuales, los niveles de interinidad superan el 30% en el caso de las comunidades autónomas (33,87%) y de los ayuntamientos (32,87%), pese a que en ambos casos han reducido en cerca de cuatro puntos las tasas de temporalidad que tenían a principios de 2022. En el caso del Estado, la cifra se sitúa en el 12,47%, menos elevada pero por encima de la media europea, siendo las empresas públicas las que usan más este tipo de contratos (18,94%).

Los sindicatos denuncian que 532.400 de estos empleados temporales del sector público tienen un contrato superior al mes «sin tener clara cual será su duración», en tanto que hay cerca de 150.000 personas con un contrato de entre uno y dos años y otras 144.000 con uno de tres años o más. De los 2,9 millones de trabajadores con contrato temporal que hay en el mercado laboral, medio millón están empleados en actividades sanitarias y servicios sociales, 382.600 en el sector de la educación y 311.000 trabajan directamente para las Administraciones.

El Ministerio de Función Pública que dirige José Luis Escrivá prevé poner fin a la tasa de reposición en la Administración en 2025 –el límite que impone el Gobierno a la Oferta de Empleo Público (OEP) en función de la ratio de bajas previas que se producen cada año– para recuperar la plantilla perdida en la última década, retener talento y atraer nuevos perfiles profesionales, incluidos trabajadores procedentes del sector privado. El objetivo es incrementar la plantilla del sector público del Estado, que es todavía un 10% inferior a la de los años de la crisis financiera, una tensión que además va acompañada de un notable envejecimiento, ya que el 60% de los empleados de la Administración Central estará jubilado en diez años. Para ello eliminará la tasa de reposición, aunque no concretó si lo suplirá con empleo temporal.