Fraude fiscal

Hacienda regulariza más de 4.000 millones de multinacionales y grandes fortunas

La lucha contra el fraude fiscal recaudó 16.675 millones en 2022, un 1,3% menos

Justicia y Agencia Tributaria (y III)
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El empeño de Hacienda en poner coto a las actividades fraudulentas que podrían estar realizando los "malos" contribuyentes se ha redoblado en el último año. La Agencia Tributaria llevó a cabo en 2022 un total de 39.366 actuaciones nominales de control relacionadas con grandes empresas, patrimonios de personas físicas -sobre todo sobre grandes fortunas-, abusos societarios y lucha contra la economía sumergida, un 7,6% más que el año anterior, lo que permitió recaudar 16.675 millones en total, una cifra que, sin embargo, es un 1,3% menos respecto a 2021 -un descenso justificado por los efectos extraordinarios del resultado del pasado ejercicio-.

Fruto de ese empeño en fiscalizar al máximo a multinacionales y grandes empresas se llevaron a cabo 29.394 actuaciones, un 8,9% más; 2.971 de análisis patrimonial y societario (+2,5%); y 5.594 en relación con la ocultación de actividad y el abuso de las formas societarias (+5,2%). A ello se suman 1.407 actuaciones que han permitido aflorar ventas ocultas en el marco del control de actividades económicas. Estos resultados forman parte de toda la actividad de control, que concluyó con 1.889.000 actuaciones sobre tributos internos, un 5,2% más que el año previo y un 16,1% más que en 2020, superando también los niveles previos a la pandemia en prácticamente todas las grandes tipologías de actuaciones.

Especial impacto ha tenido la presión investigadora en el ámbito de la fiscalidad internacional de los grandes emporios multinacionales. Por ello, la Agencia Tributaria regularizó bases imponibles por un importe de 3.409 millones de euros, gracias a las 117 comprobaciones inspectora. A esto habría que sumar un total de 1.130 actuaciones de control sobre grandes patrimonios de personas físicas, que llevaron a liquidar deuda por un importe de 546 millones, y 28,2 millones de euros sobre 97 contribuyentes que se encontraban artificialmente localizados en otros países, y para los que se ha determinado que realmente tenían residencia efectiva en España. Por tanto, la Agencia regularizó más de 4.000 millones de grandes compañías y altos patrimonios.

Desde 2018, año de creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, se han liquidado en este ámbito más de 2.400 millones de euros en más de 4.400 expedientes de comprobación. En 2022, las comprobaciones iniciadas alcanzaron a 252 contribuyentes, y de ellas se finalizaron actuaciones por un importe total liquidado de 28,2 millones de euros sobre 97 contribuyentes que se encontraban artificialmente localizados en otros países.

Al mismo tiempo, la Agencia ha seguido manteniendo su actividad de control para aflorar actividad económica oculta y el año pasado realizaron 2.312 actuaciones inspectoras, en las que descubrió algún tipo de ventas ocultas, regularizando cuotas por un importe de 435 millones de euros, un 8,8% más que el año previo. En el mismo periodo se liquidaron cuotas y sanciones por importe de 122 millones de euros en más de 2.600 actas de inspección a un millar de contribuyentes que previamente habían sido objeto de actuaciones de entrada y registro. Estas actividades de economía sumergida controladas por la Agencia se realizan "en el seno de las grandes macrooperaciones coordinadas con entradas y registros que se vienen desarrollando para el descubrimiento de actividad económica oculta y la detección de software de ocultación de ventas en sectores concretos de actividad", explican en Hacienda.

Estas actuaciones se complementan con el plan de visitas. En 2022 la Agencia realizó más de 29.000 'peinados' -en argot fiscal- destinados al control in situ en sectores y ámbitos de riesgo fiscal. Entre estas actuaciones se encuentran casi 9.800 relacionadas del Plan de Visitas IVA y casi 1.800 visitas complementarias de las macrooperaciones sectoriales de entrada y registro.

Por otra parte, y en relación con el control de alquileres sumergidos, sigue destacando el efecto inducido que supone el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas del Impuesto sobre la Renta. Teniendo en cuenta tanto el efecto completo en el año inicial de cada aviso como el impacto marginal en cada año de las campañas anteriores, en los seis últimos ejercicios estos avisos han favorecido la incorporación de más de 1.182.000 declaraciones que incluyen rendimientos del capital inmobiliario, con una mayor base imponible declarada de más de 7.700 millones de euros y una recaudación asociada a estas campañas que se estima en 933 millones de euros. Las actuaciones del área de recaudación permitieron reducir la deuda pendiente a 40.421 millones, un 3,8 % menos, de la que 15.864 millones era deuda voluntaria y el resto (24.558 millones), deuda ejecutiva.

También se desarrollaron las habituales labores de control de impuestos especiales y medioambientales, control aduanero y en el ámbito del contrabando, narcotráfico, blanqueo y otros delitos económicos. En cuanto al control para asegurar el cobro de las deudas, el importe pendiente se redujo un 3,8% el año pasado para situarse en el nivel más bajo de los últimos 13 años. A su vez, el número de expedientes de investigación de movimientos financieros alcanzó la cifra de 65.210 el pasado año, en línea con los resultados de hace dos años. Con estas actuaciones se persigue la utilización de figuras defraudatorias como la interposición de sociedades o la utilización de testaferros.