Las inmobiliarias acusan el nuevo reparto de costes y el frenazo del alquiler provocado por la Ley de Vivienda

La entrada en vigor de la Ley de Vivienda hace cinco meses está dejando muy tocado el negocio del alquiler de las agencias inmobiliarias. Así lo atestigua un informe elaborado por al Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). El documento, realizado a partir de una consulta a 637 agencias inmobiliarias de todas las comunidades autónomas, asegura que las operaciones de gestión de alquiler en las agencias inmobiliarias han caído un 28,83%. Asimismo, el 49,79% de las agencias preguntadas por FAI afirma que ha sufrido una caída en la cartera de inventario del alquiler, mientras que el 16,71% señala que ha tenido directamente que renunciar al negocio del alquiler, el 10,86% sostiene que ha actualizado y mejorado el servicio de alquiler para inquilinos, el 6,26% indica que ha tenido que reducir plantilla y el 4,67% que ha aumentado la gestión de las operaciones de compraventa.

Como explican desde FAI, la falta de seguridad jurídica que, en su opinión, ha introducido la Ley de Vivienda ha provocado que muchos propietarios hayan retirado del mercado de alquiler habitual muchas viviendas. Y eso, añade, está mermando su negocio. La oferta para alquiler convencional se ha reducido un 30,57% desde la entrada en vigor de la ley hace cinco meses, según destaca también FAI.

Algunos de los aspectos concretos que recoge el articulado de la norma también están impactando en la actividad del sector. La ley establece la obligación de que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato sean a cargo del arrendador. Hasta ahora, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no definía quién debía asumir la comisión de agencia y la mayoría de propietarios cargaban con este gasto a los inquilinos. Sin embargo, ahora es el propietario el responsable de asumir los gastos generados por el servicio inmobiliario que se le presta. A este respecto, las agencias han detectado un incremento de la autogestión del alquiler de la vivienda por parte de los arrendadores para ahorrarse este gasto. Así lo han reflejado un 9,08% de los consultados en la encuesta.

Este cambio legal ha liberado a los inquilinos de uno de los gastos iniciales que deben afrontar al alquilar un piso. Hasta la entrada en vigor de la ley, el desembolso al firmar un contrato podía ascender a cuatro o cinco mensualidades: la fianza, el primer mes de alquiler, la comisión de inmobiliaria (un mes o la décima parte del coste anual del piso más del 21% de IVA) y uno o dos meses de garantía adicional, aunque no siempre se aplica.