Las pensiones, condenadas a estar congeladas hasta el año 2060

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) presentó ayer un estudio sobre la salud financiera del sistema público de pensiones en el que propone «blindar» las pensiones mínimas volviendo a ligar su evolución a la de la inflación. En su opinión, el actual sistema es prácticamente una condena a la semicongelación de las prestaciones por jubilación, avocadas a subidas mínimas del 0,25% anual de aquí a 2060. Según explicó en rueda de prensa el director de Fedea, Ángel de la Fuente, el índice de revalorización mínima fijado ahora por ley «se quedará atascado en el 0,25% durante muchos años, por lo que las pensiones no se revalorizarían y experimentarían una cuasicongelación».

4.000 millones anuales

Por este motivo, Fedea considera necesario al menos «garantizar unos ingresos mínimos aceptables». Según cálculos del «think tank», el blindaje de la pensión mínima tendría un coste anual de 0,43 puntos porcentuales del PIB, es decir, unos 4.000 millones de euros. El equivalente para hacer frente a este gasto sería elevar la recaudación por IRPF un 5,8%. «A nuestro entender, éste podría ser un coste asumible para evitar situaciones de necesidad entre los pensionistas con menores prestaciones», dice el informe.

En cualquier caso, Fedea descarta extender esta indexación al IPC al resto de las pensiones (orfandad, viudedad, incapacidad, etc). «Desmantelaría una parte importante de la reforma de las pensiones de 2013». La generalización de este supuesto tendría un importante impacto económico sobre las arcas públicas, con una media durante las próximas cuatro décadas de 2,7 puntos del PIB: más de 27.000 millones de euros anuales. En términos equivalentes, esto requeriría de un incremento de la recaudación por IRPF del 36% para financiarlo. «El incremento del gasto sería mucho más abrupto, lo que dificultaría la necesaria reducción del déficit público en los próximos años. Otro aspecto negativo muy importante de esta opción es que plantearía problemas obvios de credibilidad que podrían afectar de inmediato a nuestra prima de riesgo», alerta Fedea.

Sea como fuere, el informe asegura que sería recomendable explorar posibles formas de asegurar «al menos parcialmente» el poder adquisitivo de las pensiones una vez concedidas. A cambio, plantea una posible «reducción compensatoria en su cuantía inicial» u otros ajustes del modelo que ayuden a mejorar sus finanzas, «como podrían ser un aumento adicional de la edad de jubilación o un pequeño incremento en los tipos de cotización o en sus topes máximos».

Además, considera injusto «que se traslade al pensionista prácticamente todo el riesgo de inflación», por lo que recomienda considerar «la introducción de un tope máximo a la pérdida acumulada de poder adquisitivo de la pensión a lo largo de la vida del pensionista». No en vano, el director de Fedea señaló que si no se adoptan medidas, dependiendo de la evolución de la tasa de inflación, la pensión de jubilación podría perder hasta un 30% de poder adquisitivo en los 20 o 25 años posteriores a la jubilación.