El sistema de pensiones español se enfrenta a una presión financiera considerable. Con las cuentas de la Seguridad Social arrojando un desfase entre los ingresos y los gastos que obliga a movilizar recursos adicionales, la sostenibilidad del modelo es un debate recurrente. Actualmente, en España hay unos nueve millones de pensionistas, y para garantizar sus prestaciones es necesario cubrir un agujero presupuestario de envergadura que se sitúa en torno a los 40.000 millones de euros anuales.

De hecho, para cubrir esa diferencia y asegurar que todos los jubilados reciban puntualmente su paga, el Estado interviene de forma directa. Este déficit no se cubre con una hucha específica, sino que se sufraga con impuestos generales, es decir, con la recaudación que aporta el conjunto de los contribuyentes y trabajadores del país. Este mecanismo, si bien garantiza la viabilidad del sistema año tras año, evidencia también la tensión económica a la que está sometido.

En este contexto, la preocupación ha calado hondo entre la generación del ‘baby boom’. Un estudio de Funcas revela que los españoles con edades comprendidas entre los 48 y los 66 años afrontan su futuro retiro con un notable pesimismo generalizado. La desconfianza es tal que cerca del 70 % de este grupo de población está convencido de que el sistema público de pensiones, tal y como lo conocemos, acabará desapareciendo, y muchos asumen que deberán alargar su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación.

El contraste entre la percepción ciudadana y el análisis experto

Sin embargo, frente a esta corriente de opinión, voces expertas llaman a la calma. El economista Luis Garvía ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en La Roca para tratar de disipar los temores que atenazan a millones de futuros jubilados en nuestro país. Con rotundidad, asegura que el sistema no se encuentra en peligro de extinción: «No van a desaparecer», una postura que busca contrarrestar el alarmismo.

Asimismo, la clave para entender esta confianza en la viabilidad del modelo reside en su propia arquitectura. El sistema español es de reparto, lo que significa que las pensiones de los jubilados actuales se pagan directamente con las cotizaciones de los trabajadores que están en activo. No depende de fondos de capitalización individuales, sino de la solidaridad entre generaciones, un pacto social que, más allá de los desafíos demográficos y financieros, constituye el verdadero pilar que garantiza su continuidad a largo plazo.