
Plan de Recuperación
La parálisis del Gobierno obliga a Carlos Cuerpo a negociar más flexibilidad con la UE para no perder los fondos europeos
El bloqueo parlamentario impide aprobar cinco leyes de hitos pendientes del sexto pago y otra veintena de los fondos restantes. Están en juego 27.000 millones de euros

El bloqueo político puede dar al traste con los objetivos e hitos a cumplir en el Plan de Recuperación, lo que complicaría acceder a los fondos europeos que restan por asignarse. Así lo ha reconocido implícitamente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en su comparecencia en la Comisión Mixta para la Unión Europea, en la que ha desglosado los últimos avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y explicado que su Departamento sigue negociando con la Comisión Europea los diferentes mecanismos de flexibilidad para poder "aprovechar al máximo" los fondos europeos antes de que se agoten en agosto de 2026, un trámite que el ministro confía en que termine antes de que acabe el año.
Pero la actual situación política, de parálisis parlamentaria, que impide al Ejecutivo aprobar cualquier medida al respecto, ha forzado a Cuerpo a tener que negociar una ampliación de las flexibilidad de las exigencias comunitarias "de cara a los próximos meses", durante los que se presentará una nueva adenda -una actualización del documento aprobado con la autoridades comunitarias-. "El esfuerzo y el objetivo está claro, es completar con éxito este Plan de Recuperación. para ello estamos trabajando con la Comisión Europea en una nueva adenda al Plan de Recuperación", ha indicado Cuerpo, quien ha incidido en que esa negociación la están manteniendo también el resto de Estados miembros. "No solo España se ha visto forzado a ello".
Todo ello tiene que ver con el bloqueo legislativo, anunciado por uno de sus socios parlamentario, Junts, que va a paralizar los planes del Gobierno y lograr que no se aprueben las leyes que están ligadas a hitos del plan -sin saber el alcance real de las que pueden decaer-. Una preocupación creciente en el Ministerio, ya que las reformas pendientes dependen el desembolso de más de 27.000 millones de euros pendientes de concesión.
Entre ellas destacan el incremento de la fiscalidad al diésel, una propuesta que se intentó aprobar en noviembre del año pasado pero el Congreso rechazó con el voto clave de Podemos. Ahora, con la amenaza añadida de los de Carles Puigdemont, su aprobación queda en el aire. A esta habría que sumar otras medidas pendientes, que su no aprobación implicaría la pérdida de 5.300 millones, como la leyes de Industria, la de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, la de Medicamentos, la de Ordenación Profesional del Deporte y el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Sobre todas ellas, más otra veintena de siguientes desembolsos, Junts ya confirmó que presentaría enmiendas a la totalidad.
Ante los diputados, Cuerpo ha explicado que el Gobierno ya ha aprobado préstamos asociados a los fondos europeos por valor de más de 6.900 millones de euros y prevé aumentar esa cifra en 5.100 millones adicionales en proyectos futuros ya identificados, para llegar hasta 12.000 millones. En concreto, el ministro ha detallado el nivel de la evolución de las dos partes principales del plan, que se divide en transferencias no reembolsables dependientes de diferentes reformas legislativas y préstamos. Sobre las transferencias, Cuerpo ha apuntado que de los 79.854 millones de euros asignados a España en transferencias ya se han resuelto 58.787 millones, mientras que en préstamos ya se han aprobado 6.900 millones.
Según sus datos hasta el 30 de septiembre, las convocatorias de fondos resueltas suponen cerca del 70% de las transferencias asignadas a España, con un 25% de esos recursos destinados a modernización del tejido productivo y un 22% a la agenda urbana y rural. El ministro destacó que el 40% de los proyectos se han asignado a microempresas o pymes.
España es junto a Italia el país que más recursos ha recibido en términos de transferencias no reembolsables, un total de 55.000 millones, a los que se suman otros 16.000 millones en préstamos.
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