PwC: España debe invertir 5.600 millones al año en redes eléctricas

El objetivo de incrementar el porcentaje de consumo total de renovables en la UE hasta el 42,5% de aquí al año 2030 desde el 32% anterior será imposible si no se acelera la inversión en redes eléctricas. Son la arquitectura que permite que la energía llegue desde las centrales que la generan a los usuarios finales.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) avisa de que es necesario duplicar la inversión en redes eléctricas de aquí a 2040 para poder cumplir con los objetivos climáticos (el cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050) y así garantizar la seguridad de suministro. En este sentido, PwC ha publicado un informe sobre el presente y el futuro de las redes eléctricas en España, en el que advierte que se necesitan más de 5.600 millones anuales de inversión en redes, principalmente en las de distribución, las que llevan la electricidad al usuario final. Son diferentes de las de transporte, las de alta tensión, que son las que permiten que la energía salga de las centrales que generan la electricidad.

Sin embargo, la cifra que pone encima de la mesa PwC choca con la regulación española, que limita la inversión en redes de distribución al 0,13% del PIB (unos 1.700 millones de euros). Es decir, el importe necesario más que triplica el tope actual. El límite mencionado está descompensado respecto los objetivos de política energética del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que en su último borrador prevé inversiones acumuladas en redes por 53.000 millones de euros entre 2023 y 2030, apunta la consultora en su informe. «En este sentido, resulta difícil proyectar inversiones masivas en descarbonización mientras se limita la inversión en las redes eléctricas, que son la principal palanca para electrificar y descarbonizar la economía», sentencia el informe.

La clave de la retribución

Uno de los problemas de España es la retribución de las redes de distribución, fijada por la CNMC, que según los expertos debería fijarse previamente a realizar la inversión y no posteriormente como ocurre en la actualidad.

A esto se une que España es menos atractiva que sus vecinos europeos, donde la retribución es mayor. Por ejemplo, en Francia la retribución alcanza el 7%, frente al 5,6% de España. Además, en la mayoría de los países se actualiza la retribución teniendo en cuenta la inflación. Según PwC, si en España se hubiese actualizado con la inflación, las distribuidoras habrían recibido 1.700 millones de remuneración adicional. Fuentes del sector eléctrico señalan que también es necesario poner remedio a esta situación, que deja al país en clara desventaja, una vez que arranque el nuevo ciclo regulatorio en 2026.

En definitiva, el marco retributivo actual es inadecuado para incentivar la inversión necesaria, en la medida que la tasa de retribución financiera no está alineada al nuevo contexto financiero. Hay que tener en cuenta que el rendimiento del bono soberano a 10 años –el que se considera libre de riesgo– está por encima del 3%.

El actual entorno provoca una pérdida del apetito inversor, un aumento de los costes de financiación, puesto que la actividad de redes está basada fundamentalmente en fuertes inversiones y los tipos de interés elevados (el precio del dinero en la zona euro está en máximos desde 2000) disparan el coste financiero.

Atraer demanda industrial

Además, PwC asegura que las nuevas inversiones en las redes se tienen que guiar por una planificación anticipada y adaptada a las necesidades de los diferentes agentes y de un proceso de tramitación ágil. La regulación no contempla los nuevos tipos de consumo asociados a la transición energética. Entre estos, destacan la sustitución de calderas de gas por bombas de calor eléctricas, el desarrollo de la red de recarga del transporte, las fábricas de baterías y de paneles solares, los electrolizadores para producción de hidrógeno verde o la electrificación de puertos o la integración de centros de datos.

Cada vez existe una mayor demanda procedente de nuevas industrias que quieren instalarse en España y otras ya existentes que tienen entre sus prioridades electrificarse gracias a la ventaja competitiva derivada de la alta disponibilidad de recursos renovables (sol, viento y terreno) que se tiene a nivel nacional frente a la mayoría de los países de la Unión Europea (UE). «La disponibilidad de electricidad renovable a un precio competitivo es un factor determinante para la decisión de invertir en España», sentencia PwC.