Impuestos

El verdadero motivo del impuesto a las grandes fortunas de Sánchez: satisfacer a los “indepes” catalanes

Nadie ha demostrado aún que perseguir a los ricos mejore la situación de los menos favorecidos de la sociedad

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro SánchezOLIVIER MATTHYSAgencia EFE

José Cecilio del Valle (1777-1834), filósofo, político y abogado guatemalteco, también experto en matemáticas, geografía o botánica, defendía que "el Gobierno que con una mano exige un aumento de impuestos, debe con la otra promover el aumento de la riqueza". Ayer, el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido rechazó, por siete votos contra cuatro,el recurso de la Comunidad de Madrid contra la ley que implantó, en teoría de forma temporal, pero con vocación de perpetuidad, el llamado impuesto a las "grandes fortunas", que serían todas aquellas que superan los ¡tres millones de euros! Una cantidad estimable, no al alcance de todos, pero que dista una enormidad de ser una gran fortuna como, según Forbes, la de Amancio Ortega, estimada en más de 80.000 millones de euros o las cien primeras españolas, todas muy por encima de los 300 millones de euros.

La discusión sobre donde empieza una "gran fortuna" es tan estéril como la bizantina sobre el sexo de los ángeles. La decisión del Constitucional, muy discutible, también por la división de sus miembros, alineados en dos bloques, puede –condicional– tener fundamentos jurídicos, pero carece de sustento económico. El Derecho, es obvio, no es una ciencia ni una disciplina exacta, pero, más allá de los argumentos jurídicos, quizá habría que analizar hasta dónde ciertas medidas económicas colisionan con la Constitución. El impuesto a las "grandes fortunas" –ahí están los datos de recaudación, que no forman parte del "corpus jurídico", pero sí constitucional– es un impuesto ideológico y no económico, que responde a dos motivaciones. La primera, satisfacer la exigencia de los "indepes" catalanes que se quejaban de que en Madrid, a diferencia de Cataluña donde ellos deciden, no existía impuesto de Patrimonio; y la segunda, que para casi cualquier Gobierno –incluidos muchos de derechas en la vieja Europa de tradición católica– la persecución de los ricos siempre es muy popular, sin que nadie demuestre que eso mejora a los menos favorecidos de la sociedad. El Constitucional, otra vez, ha hecho lo que esperaba el Gobierno, en este caso el de Sánchez, sin que esos mayores impuestos procuren más riqueza como reclamaba Cecilio del Valle.