Yolanda Díaz rompe del todo con los empresarios tras aprobar unilateralmente la tramitación del nuevo registro horario

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido seguir adelante unilateralmente con su reforma laboral por capítulos sin contar con el apoyo de las patronales, CEOE y Cepyme, y con el único apoyo de los sindicatos, CC OO y UGT. Hoy ha decidido llevar al Consejo de Ministros por vía de urgencia la tramitación del proyecto de real decreto que regulará la reforma del registro horario, que no necesita de la aprobación del Parlamento para aplicarse, ya que este registro tendrá rango reglamentario, de manera que no tendrá que someterse a votación. Una fórmula que ha aprovechado Trabajo gracias a haberlo aprobado por separado al margen del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, en el que se incluía. Trabajo pretende con ello un control total vía telemática de los registros horarios para lograr una reducción de jornada en diferido, a través del control de las horas extraordinarias para forzar a las empresas a rebajar las jornadas de sus plantillas.

Un subterfugio legal que ha indignado a los empresarios, que ya advirtieron que lo impugnarían en los tribunales -se baraja que pueden presentar su denuncia por incumplimiento de la Ley de protección de datos-. No es la primera vez que acuden a los tribunales, ya lo hicieron con el decreto de los planes de igualdad en las empresas por establecer que eran los sindicatos los que los tenían que negociar en representación de los trabajadores. Pese a ello, desde el Ministerio de Trabajo descartan abrir una nueva mesa de diálogo social, ya que entienden que se dio por finalizada la negociación tras 11 meses en el que los agentes sociales presentaron sus propuestas en el marco de la ley de la reducción de la jornada laboral, que finalmente no se cerró con acuerdo y que terminó con el fracaso de su aprobación en el Congreso.

El Ministerio ha optado por la vía de urgencia para poder reducir a la mitad los plazos previstos y evitar el trámite de consulta pública, que podía retrasar su tramitación hasta el próximo año. Según ha manifestado Díaz en sus redes sociales, "aprobamos la tramitación urgente del control horario. Las tres derechas tumbaron el proyecto de reducción de jornada y dijimos que no nos iban a frenar. Vamos a defender cada hora trabajada para que sea pagada y registrada. Cada minuto de vida tiene que volver a ser vuestro. Seguimos".

Este proyecto implica que todas las empresas -ya sean grandes, medianas, pequeñas, micropymes y también los autónomos-, deben implantar el registro digital y accesible en remoto para los trabajadores, sus representantes y para la Inspección de Trabajo, que recibiría los datos en tiempo real. El objetivo es

precisar todo el tiempo de trabajo registrado y determinar si son horas efectivas, de disponibilidad o extraordinarias. "El objetivo es garantizar el derecho al respeto de las condiciones laborales acordadas, a la conciliación de la vida familiar y personal y a la protección de la salud y a la desconexión digital", han manifestado fuentes ministeriales.

Según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, aunque se ha aprobado en el Consejo de Ministros y no tiene trámite parlamentario, no significa que se pueda aplicar de forma inmediata. Sobre los plazos para que el reglamento con el nuevo registro se materialice en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde el Ministerio no ofrecen ningún marco temporal, pere este no será corto. La evaluación y elaboración jurídica debe pasar por el Consejo de Estado antes de la aprobación definitiva -que incluso podría revocarlo-, y eso alargaría el proceso entre cuatro y seis meses, lo que nos llevaría a 2026, un retraso preocupante para Díaz, ya que la endeble situación del Gobierno, rodeado por los escándalos y la corrupción, puede forzar un adelanto electoral, que paralizaría todo el proceso. Estas dudas sobre su aplicación pueden haber decidido a Díaz a no comparecer en la rueda de Prensa tras el Consejo de Ministros.