Trabajo

Yolanda Díaz y los sindicatos pactan el estatuto del becario sin los empresarios

Su tramitación queda ahora en manos de la Diputación Permanente del Congreso. La CEOE carga contra el acuerdo porque "no cuenta con los empresarios, que son los que van a contratar a los becarios"

Nuevo acuerdo de Yolanda Díaz y los sindicatos al margen de los empresarios. El Ministerio de Trabajo y las organizaciones CC OO y UGT han llegado a un preacuerdo para sellar en los próximos días el Estatuto de los Becarios para la formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, que pretende regular las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas, según han confirmado fuentes de la negociación. A esta firma no se sumará la CEOE, que ya habían mostrado sus discrepancias con los principales puntos de la nueva normativa y, además, habían cortado toda capacidad de negociación tras el anuncio del adelanto electoral.

Una vez se consensúe el texto definitivo, del que "quedan algunos flecos", explicaron fuentes sindicales, el texto será aprobado con un decreto ley, que deberá ser tramitado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, tras la disolución de las cámaras. UGT ha explicado que han dado su visto bueno al texto que se está ultimando porque recoge "gran parte" de nuestras demandas, como la "definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio".

No opinan lo mismo desde CEOE, que muestra su "rechazo absoluto" a este acuerdo que "no cuenta con los empresarios, que son los que van a contratar a los becarios. Es un sinsentido", han explicado a LA RAZÓN fuentes empresariales. Se muestran contrarios a que esta ley salga adelante porque es "contraria a lo que defendemos". Además de cargar contra el fondo del texto, porque "limita número de horas e incrementa la burocracia, lo que perjudica la formación práctica del becario, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre entre la formación teórica y el mundo del trabajo", lo hacen también contra las formas en las que ha llegado el acuerdo. "No es apropiado aprobar una norma de esta importancia en un periodo de disolución de las Cámaras, ni concurre una razón de urgencia ni de extraordinaria necesidad".

También señalan las discrepancias que existen "entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada, con lo que el riesgo de los empresarios de incurrir en sanciones por falta de seguridad jurídica es muy alto, y puede ser inasumible para las pequeñas empresas". El presidente de la ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha expresado su perplejidad por esta aprobación y ha cargado duramente contra la ministra de Trabajo. "No nos parece decente cerrar nada que hipoteque el futuro del Gobierno que salga de las urnas el 23J sin la participación del poder legislativo".

Fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron este pacto servirá para "evitar nichos de fraude laboral" en las prácticas, definir qué tipos de enseñanzas regladas podrán ofertar dichas prácticas y para crear un régimen sancionador, criticado con dureza por los empresarios porque "crea una enorme inseguridad jurídica y va a limitar drásticamente la contratación de becarios". Desde Trabajo defendieron todo o contrario ya que este estatuto será un marco que dará "seguridad jurídica" y "protegerá los derechos" de los becarios, al tiempo que "evitará por fin que las becas puedan encubrir trabajo precario".

El Ministerio de Trabajo aprovechará que el de Seguridad Social de José Luis Escrivá añadió una cláusula al real decreto de la segunda parte de la reforma de pensiones para la inclusión exprés del estatuto de los becarios y que pueda ver la luz antes de la campaña electoral. La nueva normativa permitirá a los que realicen prácticas formativas o académicas externas incluidas en programas de formación, tanto universitarios como alumnos de formación profesional, comenzarán a cotizar desde el próximo mes de octubre, con unas las cuotas por contingencias comunes a las que se les aplicará una reducción del 95%.