No es el idioma, es la lucha por la libertad

Los miles de personas que, ayer, salieron a las calles de Barcelona reclamaban un derecho garantizado por nuestra Constitución y refrendado por los tribunales de Justicia. Que esto suceda en una democracia que se considera plena, como es la española, supone una anomalía, que no por sostenida en el tiempo puede ser aceptada. Menos, desde la cínica justificación de los responsables del atropello de que sólo son un puñado de familias en Cataluña las que reclaman que el castellano sea también lengua vehicular en la enseñanza.

Porque lo cierto es que un puñado de familias han tenido los arrestos suficientes, con un valor digno de todo elogio, para plantar cara a un sistema impuesto desde los poderes públicos locales, blindado mediante una legislación que no respeta los derechos constitucionales y apoyado en el señalamiento público, la coacción y la amenaza sobre aquellos que se niegan a aceptar ese estado de cosas. Tal vez, haya muchas familias en Cataluña con los medios suficientes para eludir la imposición mono lingüística y procurar a sus vástagos un buen dominio del castellano, hablado y escrito, al final de su periodo escolar, pero no es el caso de la mayoría.

Pero la cuestión fundamental, como ya señalamos en el caso de Javier Pulido, el padre de Canet de Mar que ha pasado un infierno social por haber reclamado el 25 por ciento de las clases en castellano, es que carece de legitimidad democrática quien obliga a los ciudadanos del común a convertirse en héroes para reclamar el derecho al que son acreedores. Porque ha habido padres de familia que, empleados en la Administración catalana, renunciaron a continuar los procedimientos judiciales por temor a represalias en sus puestos de trabajo y otros, por fin, que no querían ver cómo se señalaba a sus hijos en el propio centro escolar. De esa conculcación de derechos básicos no hablaba la manifestación celebrada en la Ciudad Condal, de una ignominia que los poderes del Estado vienen tolerando desde hace demasiado tiempo, mientras el nacionalismo iba cada vez más allá en la imposición, hasta el punto de prohibir a los alumnos expresarse en su lengua materna, el castellano, que es la mayoritaria en Cataluña, en cualquier punto del espacio escolar.

Ayer, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abogó por crear un verdadero cuerpo de Inspección de la Enseñanza para acabar con esta situación. Sea bienvenida la iniciativa, aunque llegue tarde, después de dos mayorías absolutas de los populares, pero sin negar su posible utilidad, de lo que se trata es de que una Administración pública española, como es la Generalitat catalana, cumpla con las decisiones judiciales y, sobre todo, defienda los derechos democráticos básicos de sus administrados. Es decir, que se comporte como una democracia plena. Porque no es cuestión del idioma, es de la libertad.