Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa viven una delicada incertidumbre ante la amenaza de nuevos aranceles cruzados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha deslizado la posibilidad de responder con gravámenes específicos a las grandes tecnológicas norteamericanas.

Desde Europa debemos, sin duda, defender nuestros intereses estratégicos. Sin embargo, conviene matizar qué intereses estamos defendiendo y a quiénes alcanzan realmente las medidas que se proponen.

No todas las empresas tecnológicas son iguales, ni operan con el mismo modelo de negocio ni aportan el mismo valor al tejido productivo europeo. Bajo el paraguas de la digitalización coexisten múltiples actividades empresariales. Algunas están centradas en el desarrollo de infraestructuras críticas, en la provisión de servicios que habilitan la conectividad y la innovación en sectores productivos, y en el acompañamiento a ciudadanos, empresas y administraciones en sus procesos de transformación digital. Otras, en cambio, se basan en modelos más ligados a la monetización del dato, la intermediación de contenidos o la distribución global de servicios de escala, algunas de ellas con prácticas poco alineadas con la fiscalidad o regulación europea.

Ambas realidades forman parte del panorama digital actual, pero no deben confundirse cuando se trata de diseñar políticas públicas. En este diseño es importante tener en cuenta que más del 80% de las infraestructuras y tecnologías digitales utilizadas en Europa son importadas, lo que genera vulnerabilidades estructurales. A ello se suma una brecha de innovación frente a EE.UU. y China debido a su baja inversión en I+D digital y dificultades para escalar startups tecnológicas.

Europa necesita una política tecnológica fuerte, pero también inteligente. Gravar a los gigantes tecnológicos puede ser una forma de restablecer el equilibrio, pero no debería convertirse en una coartada para una guerra comercial que, en última instancia, puede dañar más al ecosistema digital europeo que a los propios gigantes norteamericanos.

La posibilidad de nuevas barreras comerciales o fiscales debe analizarse con prudencia. El ecosistema digital europeo se apoya en miles de pymes, startups e integradores que necesitan acceso abierto a servicios globales, a cadenas de suministro fluidas y a un marco normativo estable. La imposición de aranceles puede tener un efecto boomerang si conduce a una fragmentación aún mayor del mercado digital, a la ralentización de las inversiones en infraestructura o a represalias que afecten directamente a empresas y ciudadanos europeos.

En este contexto, el riesgo no está tanto en la respuesta europea como en su posible generalización. Necesitamos políticas industriales que premien la aportación de valor, la contribución al desarrollo territorial y el compromiso con los principios europeos que contribuyan al crecimiento de un ecosistema digital resiliente.

Es el momento de repensar el papel de Europa en la economía digital global. Apostar por una industria tecnológica propia, con estándares éticos, interoperabilidad y responsabilidad social. Una visión que no se limite a reaccionar, sino que actúe con autonomía, ambición y claridad de objetivos.

Defender Europa en el tablero digital global exige firmeza, sí, pero también inteligencia estratégica. Y eso pasa por afinar bien el diagnóstico antes de aplicar el tratamiento.