Estado de alarma: pensiones alimenticias e indemnizaciones laborales, por transferencia bancaria

En la línea de reducir al mínimo los contactos presenciales por el estado de alarma, el Ministerio de Justicia ha dictado una circular en la que establece que se utilicen las transferencias bancarias como medio general para realizar pagos en los procesos judiciales para evitar así riesgos de contagios del Covid-19. Con esta iniciativa, el departamento que dirige Juan Carlos Campo quiere garantizar que, durante la vigencia del estado de alarma, las cuantías depositadas en los juzgados para el pago de salarios, pensiones de alimentos o indemnizaciones a víctimas de delitos se sigan cobrando con regularidad, sin que ello suponga una mayor exposición a la infección en los juzgados por parte de letrados de la Administración de Justicia, profesionales y ciudadanos en general.

En la circular firmada por el secretario general de Innovación y Calidad del Servicio Público, Borja Vargues, se fijan las normas de actuación que deben seguir los juzgados y los profesionales para hacer efectivos esos pagos y cobros por los referidos conceptos, para dar cumplimiento así a la instrucción del pasado 25 de marzo por la que se consideran actuaciones inaplazables los pagos de las cuantías depositadas en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales.

“Es importante tener una especial sensibilidad con la situación que está generando la crisis del Covid-19 en las circunstancias económicas de determinadas personas, y que podría verse agravada si no se efectúan pagos que en muchas ocasiones son absolutamente imprescindibles para muchas personas, como por ejemplo, las pensiones de alimentos o compensatorias, las indemnizaciones laborales a trabajadores, etc”, asegura Justicia en la resolución. Pero, por otro lado, añade, “es esencial evitar que se aumente el trasiego de personas durante este periodo de riesgo de contagio”, en referencia al endurecimiento de las medidas de reclusión acordadas por el Gobierno limitando la movilidad a aquellos desplazamientos necesarios para prestar servicios esenciales. Se persigue con esta medida, por tanto, “permitir que el dinero llegue a sus destinatarios sin aumentar el riesgo de contagio para todos los intervinientes en el proceso”.

Cuando la persona obligada a efectuar un pago en un proceso judicial conozca el número de cuenta de su acreedor, realizará directamente esa transferencia por cualquier medio que deje constancia de la operación, “o de cualquier otra manera que no implique uno de los contactos físicos prohibidos por el real decreto de declaración de estado de alarma”, debiendo acreditar posteriormente al juzgado el pago realizado. Cuando no se disponga de ese dato, la transferencia se hará a la cuenta judicial que corresponda al expediente, “para su posterior remisión, también vía transferencia, a su destinatario final”.

Los procuradores, abogados, graduados sociales y demás profesionales que intervienen en representación de las partes, solicitarán exclusivamente el pago de los conceptos que se consideran urgentes en virtud de los servicios esenciales establecidos y atendiendo "a la situación de necesidad en que puedan encontrarse sus destinatarios".

Por su parte, los letrados de la Administración de Justicia realizarán los pagos a través de la aplicación web de la cuenta de depósitos y consignaciones mediante transferencia bancaria a la cuenta proporcionada por el acreedor. En caso de que no pueda realizar la operación desde su entorno de teletrabajo, deberá acudir al juzgado en el turno que le corresponda para la cobertura de los servicios esenciales fijados por la resolución del ministro de Justicia del pasado 30 de marzo.

Las incidencias que puedan producirse en la realización de estas actuaciones se resolverán a través del sistema telemático de atención disponible en la propia web.