Ultimátum a Sánchez: un “plan b” en quince días

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacó ayer adelante su última prórroga del estado de alarma con promesas de rectificaciones que ahora habrá que ver si cumple. Pero Sánchez y sus ministros constataron con más fuerza que nunca el vértigo de sentir que el suelo se mueve bajo sus pies porque lo que tienen alrededor es la soledad más absoluta. Hasta el apoyo que ayer le ofreció a modo de salvavidas la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, es un respaldo coyuntural y con fecha de caducidad. No se repetirá si vuelve a pedir otra prórroga del estado de alarma. Arrimadas jugó ayer con más inteligencia que el líder del PP, Pablo Casado, al agarrarse a un discurso de Estado y al lema del interés general para facilitar que se mantenga la situación de excepcionalidad que garantiza el control del confinamiento y, en consecuencia, el control de la pandemia. Cs cayó en la irrelevancia de los 10 diputados tras tener una actitud incomprensible de bloqueo al PSOE. Arrimadas se ha dado cuenta de que esta crisis le brinda la oportunidad de cambiar de rumbo con la excusa de la catástrofe sanitaria. Nadie la puede acusar de dar volantazo y de que ella estaba en la etapa anterior porque ahora hay una situación excepcional que justifica los cambios. Y aprovecha la oportunidd para quedarse con el centro que está vacío. No tiene nada que perder, sólo que ganar. E igual que Cs está pensando también en sus intereses de partido, lo mismo ocurre con las demás fuerzas, todas ellas preocupadas en primer término en cómo escapar del desgaste político con el que ya carga el Gobierno por la gestión de la crisis y de los datos de las encuestas. La polarización y el combate que se visualizó ayer en el Congreso no tiene marcha atrás, y Moncloa lo sabe. De ahí ese temblor de piernas por lo que hay, y por lo que viene.

Sánchez consiguió «in extremis» el apoyo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, que es un balón de oxígeno tan valioso como que suponía salir muerto o vivo del debate parlamentario. Pero sus promesas –la declaración de luto, acabar con la unilateralidad o desvincular las ayudas a pymes y autónomos y los ERTE de la alarma–, tienen un plazo de caducidad muy corto, quince días.

Por de pronto, el Gobierno, que sigue manteniendo que su intención es dejar en vigor el estado de alarma hasta que termine la desescalada, está obligado a buscarse ese «plan B» que dice que no hay. Podría perfilar otra declaración de estado de alarma, con otras condiciones, sin que pueda exceder de 15 días, y otros efectos. Para ello no necesitaría la validación del Congreso, pero, pasado ese tiempo, esa nueva alarma sólo la podría volver a prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que establecería las condiciones de la prórroga. El Congreso ya ha dicho que no autorizará nuevas prórrogas, por lo que esta vía le permitiría ganar otros 15 días de poderes de emergencia, pero podría ser entendida como un fraude de ley si no hay consenso político. La única alternativa es cumplir la palabra dada y buscar un acuerdo con las comunidades para la «desescalada jurídica». Es un camino complicado, que exige actuaciones legales para llegar al mismo punto en el que estamos en la actualidad, que haya una autoridad que vele por el control en todo el territorio de los movimientos.

Fuentes jurídicas plantean otra opción viable, más lógica, dicen, si hubiera colaboración política. Pero esto exigiría la colaboración de la oposición, y no hay señales de que pueda ser así. El Gobierno podría intentar autorizar una quinta prórroga si le fuera necesario «mediante la delegación de la autoridad única de la alarma en cada comunidad a su presidente en virtud de su condición de representante ordinario del Estado en su territorio, bajo la coordinación de Sanidad y con reglas consensuadas». El riesgo es que algún presidente hiciera de su capa un sayo, en función de primar el interés particular por encima del interés general. En ese caso, esa delegación se le retiraría, según establece la ley reguladora del estado de alarma.

Sea como sea, Sánchez salió ayer del Congreso con el mensaje rotundo de que tiene que cambiar la gestión del estado de alarma ante el pulso político que le plantean sus socios y la oposición. La realidad es que tiene muy difícil encontrar una solución que satisfaga a todas las partes y que permita una distribución horizontal de las responsabilidades sin que, como temen realmente en algunos gobiernos autonómicos, no se acabe en el «caos».

El principal problema de Sánchez para gestionar la España pos-pandemia es que PNV y ERC son dudosos costaleros para ese viaje. Aún más lo es su socio de coalición, Pablo Iglesias, incompatible con las políticas de ajuste que exigirá Bruselas. Y con el PP, que está en su campaña de competencia con Vox, tampoco puede contar. Le quedaría Ciudadanos, si sigue apostando por el centro, pero es el Ciudadanos de los tan solo 10 escaños.