Rebelión de presidentes por la desescalada «sin criterio»

El análisis de Moncloa sobre los fundamentos que sostienen que la mitad de la población no pase a la fase 1 de la desescalada hoy no convence a las comunidades. Y así se lo hicieron saber ayer al presidente del Gobierno en la novena conferencia de presidentes autonómicos, que concentró un aluvión de críticas tanto por la falta de cogobernanza, la unilateralidad del Ejecutivo en la toma de decisiones como en la falta de transparencia y de criterios en la operación de la desescalada. Así, Andalucía, Valencia y Madrid, verbalizaron ayer su malestar con el presidente del Gobierno y concluyeron que en la selección de Sanidad de territorios preparados para pasar de fase primaron prioridades políticas, en referencia al plan a la carta confeccionado para el País Vasco para ordenar la desescalada de comunidad, que fue entendido como un premio desde el Ejecutivo por su apoyo al estado de alarma. Desde el Gobierno frenaron las críticas reivindicando que «forzar el ritmo» puede costar muy caro y les alertaron a no «trasladar falsos agravios o especulaciones».

Las críticas están encabezadas incluso por territorios gobernados por socialistas. Desde la Comunidad Valenciana, Ximo Puig mostró su malestar y advirtió de la falta de «rigor» en la toma de decisiones de Sanidad y dejó entrever que, aunque no buscará la confrontación «lealtad no es sumisión», en referencia a que luchará por los intereses de Valencia porque «ningún partidismo se interpondrá en los intereses generales» de su comunidad. En la reunión dominical transmitió a Sánchez que no comprende los motivos por los que no pueden transitar hacia la siguiente pantalla y reclamó conocer los criterios tomados por el comité de expertos que ordena la desescalada.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ante Sánchez la receta de prudencia, sensatez y nada de prisas. «No vamos a poner en riesgo la salud de los castellanos y leoneses por ir deprisa», aseveró. Además, exigió al Gobierno la participación de las autonomías en la aplicación de los criterios macroeconómicos que decidirán la capacidad de deuda y nivel de déficit de todas ellas a raíz la crisis sanitaria. Al igual que un plan de choque para sectores «castigados» como la hostelería y el comercio, la automoción y la agricultura.

Andalucía es una de las comunidades damnificadas pues todo el territorio pasa de fase excepto Granada y Málaga. Su presidente, el popular Juanma Moreno, denunció el «diferente trato» a su comunidad respecto a otros territorios. Reclamó, al igual que el resto de comunidades que no pasan de fase, que se le traslade los motivos, así como que se revise la decisión y se aplique a Andalucía el mismo criterio que al resto de comunidades.

Desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso defendió su gestión y la necesidad de pasar de fase para reactivar la economía. «Madrid necesita dar un paso adelante, no nos vamos a quedar eternamente en casa». Denunció ante Sánchez haber recibido «ataques desmesurados e injustos por parte del Gobierno y del partido». El president de la Generalitat, Quim Torra criticó la falta de cogobernanza y acusó a Sánchez de no creer en el Estado de las autonomías. A su juicio, cogobernar «implica pactar y no siempre decir sí a lo que dice el señor Sánchez».

Críticas al fondo de reconstrucción

El fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros también concentró buena parte de los reproches por parte de los mandatarios autonómicos. Según detalló Sánchez constará de cuatro tramos, el primero de hasta 6.000 millones de euros que llegará en julio. El segundo, de hasta 4.000 millones de euros, se repartirá en base a criterios de gasto sanitario de octubre y se pagará en noviembre. El tercer tramo será de hasta 1.000 millones de euros a pagar en noviembre y se repartirá en base a criterios representativos de gasto social; mientras que el último, de hasta 5.000 millones, será en función de criterios relacionados por la disminución de la actividad económica. El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, se mostró crítico con los criterios de reparto porque considera que «no mide de forma adecuada» el gasto sanitario efectuado por cada autonomía. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no se fía del sistema de reparto y reclamó que los criterios sean los mismos que articulan el actual sistema de financiación autonómico. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page reclamó que el fondo se reparta por impacto del Covid. Desde Asturias, Adrián Barbón pidió que se atienda según el envejecimiento de la población y el presidente Aragón, Javier Lambán a criterios demográficos. El presidente extremeño, Fernández Vara pidió una fórmula «más justa» y no comparte que se utilice un cálculo en función del número de pacientes hospitalizados. La presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol. cree que debería tenerse en cuenta «la caída de los ingresos de cada uno de los territorios».