Almeida pide el archivo de la denuncia por el cierre de parques: “No hay un solo indicio”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al juez que le investiga por el cierre de los parques de la capital por la pandemia del coronavirus que archive el procedimiento porque “no hay un solo indicio de haberse cometido delito alguno”.

En el recurso de reforma interpuesto por el letrado del Ayuntamiento de Madrid en representación del regidor y de su concejal de Medio Ambiente, Francisco de Borja Carabante -que deberán comparecer el próximo día 23 en el juzgado tras ser denunciados por prevaricación por el abogado José Luis Mazón- “carece de todo sentido la incoación de diligencias previas”. Y recuerda, tras esgrimir el principio de intervención mínima del derecho penal, que “en caso de recibir una denuncia sobre hechos que no tengan apariencia de delictivos” el juez debe archivarla “sin necesidad de incoar diligencias previas”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha convocado esa comparecencia -para la que ha convocado a Mazón tras la toma de declaración de Almeida y el edil- para decidir si adopta las medidas cautelares solicitadas por el letrado, que reclama la apertura de los grandes parques que todavía permanecen cerrados. La representación del alcalde y del concejal de Medio Ambiente se opone a la misma y esgrime que la veintena de parques que permanecen cerrados, entre ellos el Retiro, la Casa de Campo y Madrid Río, son los “más controvertidos y que más problemas han causado para el control de la pandemia”.

El letrado municipal defiende que la resolución por la que se ordenó cerrar los parques de Madrid “es plenamente conforme a Derecho” y que si se cometió alguna irregularidad las consecuencias serían “meramente administrativas”. Asimismo, hace hincapié en su recurso -de 80 folios- que ni el alcalde ni el regidor denunciados “han dictado resolución administrativa alguna, ni esta es arbitraria”.

Del mismo modo, se queja de que el denunciante no ha identificado cuál es la resolución con la que se podría haber incurrido en un delito de prevaricación, “lo que sin duda genera” a Almeida y Carabante una evidente indefensión". Si hace referencia, continúa, a la resolución del pasado 24 de abril en la que se prorrogaron las medidas adoptadas para la suspensión de la apertura de los parques municipales, precisa que fue adoptada por el director de gestión del agua y zonas verdes del Ayuntamiento “en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas”. De ahí que ni el alcalde ni el concejal denunciado “podrían en ningún caso ser autores” de la prevaricación que les imputa el letrado.

En todo caso, subraya el letrado del Consistorio, “es imposible que la resolución sea arbitraria desde un punto de vista penal, puesto que ni siquiera lo es desde el punto de vista administrativo”. El denunciante, añade, está planteando “una cuestión de mera legalidad administrativa, por lo que la denuncia debe ser inadmitida y rechazada de plano”.

Simón lo desaconsejó

El Ayuntamiento, recuerda, tiene la competencia sobre parques y jardines, "no solo con carácter habitual, sino también durante el estado de alarma". Y señala que en la orden ministerial del pasado 25 de abril sobre las condiciones de los desplazamientos de la población infantil se establece que se podrá circular por las "zonas verdes autorizadas" siempre que se respeten las restricciones fijadas. Y es el Ayuntamiento, recalca, el que debe autorizarlas.

“La única posibilidad de considerar que la resolución fue arbitraria sería que la misma careciese absolutamente de fundamento, de manera grosera y sin motivación razonable alguna”. “Nada más lejos de la realidad”, concluye. La decisión, dice, fue “la mejor opción posible para proteger la salud pública en la ciudad”.

En su recurso, el letrado recuerda también que el propio Fernando Simón ha desaconsejado la apertura de los parques urbanos “porque el control puede ser mucho peor” y más teniendo en cuenta que en el caso de la capital la tasa de incidencia del virus ha sido muy superior a la media española. La decisión, por tanto, fue “completamente motivada y justificada”. El delito que se está investigando, reitera, “no existe” ni en todo caso podría haber sido cometido por el alcalde y su regidor de Medio Ambiente.

En caso de que el juez rechace el archivo, Almeida reclama que sea el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid -que ya instruye una causa sobre este mismo asunto por supuesta vulneración de derechos fundamentales- el que resuelva sobre la medida cautelar solicitada por el denunciante, por lo que debería inadmitirse a la espera de que sea este juzgado el que se pronuncie “en breve”.

En cualquier caso, el letrado municipal argumenta que, dado que la medida solicitada -la reapertura cautelar de todos los parques que permanecen cerrados por el coronavirus- “afecta a todos los ciudadanos de Madrid”, debería primarse “el interés general frente al particular”, dado que el primero podría verse “muy perjudicado” de acordarse la misma.