Comisión de Reconstrucción: PSOE y PP buscan “in extremis” un pacto en Sanidad y Europa

El Congreso votará hoy y mañana el dictamen de la Comisión de Reconstrucción. En las últimas horas Gobierno y oposición han hecho de nuevo un último intento para salvar «in extremis» un pacto de mínimos en Sanidad y Europa. Salvar el pacto y salvar su propia imagen. La negociación económica se deja aparcada para la futura elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que están condicionados por las ayudas de la UE. Que no haya acuerdo ni siquiera en las cuestiones más básicas para la prestación de servicios como la Sanidad o la Educación confirmaría un rotundo fracaso del Congreso para dar respuesta a las urgencias de los ciudadanos. Ayer hubo reunión entre la delegación socialista (Adriana Lastra y Rafael Simancas) y la popular (Ana Pastor y Guillermo Mariscal), y el PP ha decidido presentar una contrapropuesta a las enmiendas transaccionales del PSOE. La negociación seguirá discretamente.

Los perjudicados vuelven a ser los ciudadanos que, difícilmente, pueden entender la falta de utilidad de la política en los momentos de crisis. A falta de la votación de hoy, el último episodio de choque fue el de la enseñanza concertada, que se verá excluida de todas las ayudas a pesar de formar parte de la enseñanza pública.

La falta de sintonía entre las distintas fuerzas políticas volverá a escena el miércoles, en la última sesión de control parlamentaria donde Gobierno y oposición subirán el tono a cuenta del «caso Dina», que salpica directamente al vicepresidente segundo.

La investigación de este caso no solo abre distancias entre el Gobierno y la oposición, sino que divide también en el propio seno de la coalición de Gobierno, ya que algunos ministros del PSOE están viendo la oportunidad para rebajar el peso de la delegación de Unidas Podemos. Además, lo más previsible es que el Gobierno tenga que comparecer ante la Cámara en verano para dar cuenta de las medidas que podría verse obligado a adoptar en función de la evolución de la crisis de la Covid-19 y de las negociaciones en marcha en la UE sobre el fondo de Reconstrucción.

La comisión parlamentaria ha resultado fallida por la falta de consenso. Solo ha sido capaz de acordar generalidades sobre pactos de futuro, reservas estratégicas, inversión en servicios públicos, nuevas leyes que regulen el teletrabajo o los nuevos horarios en las cuatro «mesas» en las que se dividió la negociación. La comisión ya aprobó el pasado 3 de julio los documentos redactados por cada uno de los grupos de trabajo que integran el dictamen, y el Pleno se limitará a ratificar esos informes sobre Políticas Sociales, Economía, Unión Europea y Sanidad. También se votarán las enmiendas que quedaron «vivas» y los votos particulares. Vox se retiró de la comisión antes de que los grupos de trabajo aprobaran sus respectivas conclusiones con el argumento de que no quería blanquear la «nefasta gestión» que, a su juicio, ha hecho el Gobierno de la pandemia.

La negociación del Gobierno con el PP avanzó considerablemente en materia de Sanidad, y también se daba por hecho el acuerdo en el capítulo de la UE, pero en el último momento se rompió el consenso y, finalmente, el PP no se sumó a ninguno de los documentos en la votación en comisión. La ex ministra Ana Pastor no ha renunciado a conseguir un acuerdo sobre el pacto de Estado Cajal por la Sanidad que defienden los populares.

Tres serán respaldados por Ciudadanos, que sigue actuando como aliado del Gobierno, pero el Gabinete de coalición ha perdido por el camino el apoyo de ERC y de EH Bildu en los informes principales. Ciudadanos ha dado su respaldo a todos los bloques salvo el que afecta a las Políticas Sociales por la negativa del Gobierno a ampliar a la educación concertada y a la especial las ayudas que prevé para la pública. El partido de Inés Arrimadas condiciona su apoyo a este texto en el Pleno a que se apruebe el voto particular que registraron en la Cámara sobre este tema. PSOE y Unidas Podemos mantienen su rechazo a cambiar ese punto, aunque Ciudadanos insistía ayer en que se ve capaz de obligarles a cambiar de posición.

Los acuerdos de mínimos, y sin unanimidad, no son base suficiente como para afrontar la nueva etapa que deja la pandemia. La imagen que se traslada a Bruselas es de división, pero será mucho más importante la fotografía de los PGE que el Gobierno tiene que presentar en el Congreso antes del 30 de septiembre. También hay mucho en juego en la próxima Conferencia de Presidentes, cuya fecha debería concretarse en los próximos días. Aunque en un principio parecía una reunión de trámite, tras todas las celebradas telemáticamente durante el confinamiento, ahora se perfila como crucial ante las dificultades de muchas comunidades para afrontar los rebrotes del verano.

El Gobierno no quiere volver a utilizar el estado de alarma, aunque el vacío legal demuestra que puede ser imprescindible en focos como el de Cataluña. Y las diferencias políticas y las maniobras para que sea otra Administración la que cargue con el desgaste pueden hacer que se llegue de nuevo tarde en las medidas para atajar la crisis sanitaria. De momento el Ejecutivo insiste en mejorar los mecanismos de coordinación, que se están demostrando insuficientes en el caso catalán. Las expectativas de unas elecciones en otoño están dificultando las relaciones entre Administraciones del Estado, y los catalanes son los principales perjudicados.