Don Juan Carlos y Corinna Larsen, dos amigos con caminos judiciales en pararelo

El pasado 3 de agosto el Rey emérito decidía abandonar España a la vista de la situación que se había originado a su alrededor, sobre todo después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo decidiese abrir una investigación relativa al supuesto pago en comisiones de casi 65 millones por la construcción del «AVE del desierto» que une las ciudades de Medina y La Meca, en el que participado varias empresas españolas. Se trataba de determinar en esa investigación si hechos que se hubiesen cometidos por Don Juan Carlos a partir de 2014, cuando abdicó en favor de su hijo Don Felipe, podían ser constitutivos de delitos, especialmente los relativos a blanqueo de capitales y/o fiscales.

Cinco meses después, la Fiscalía se disponer a archivar esa investigación. Y de forma casi paralela, dos días. el 28 de octubre, antes de que se conociera la previsión del archivo por la Fiscalía de la investigación sobre actuaciones del Rey emérito, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dejaba sin efecto la imputación de Corinna Larsen, la amiga íntima de Don Juan Carlos y archivaba la «pieza Carol» del «caso Villarejo», en la que se le investigaba por delitos de cohecho y revelación de secretos el supuesto encargo de Corinna Larsen al comisario jubilado José Manuel Villarejo –en prisión provisional desde hace ya tres años– en relación a una ex asistenta personal de la que la ex amiga íntima del rey emérito sospechaba que estaba filtrando datos de su vida privada.

De esta forma, el camino judicial de Don Juan Carlos y su amiga Corinna ha sido en buena forma paralelo y con resultados también similares. Así el 8 de junio, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunciaba que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumía la investigación por los hechos cometidos por el Rey emérito desde su abdicación; mientras que poco después, el 27 julio el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputaba a Larsen, en relación con las grabaciones realizadas por el ex comisario Villarejo en las que se hablaba, entre otra cuestiones, de la supuesta fortuna que Don Juan Carlos ocultó en Suiza durante años.

Las presiones contra el Rey emérito, que alcanzaron su cenit con la investigación de la Fiscalía, hicieron que Don Juan Carlos optara por dejar España. El 3 de agosto abandonaba en avión y se trasladaba al extranjero con el objeto de no perjudicar la imagen y el reinado de su hijo y, a la vez, de que la presión sobre él disminuyese. Por su parte, Corinna Larsen veía cómo el pasado día 28 se archivaba en la Audiencia Nacional todo lo relacionado con ella en la «Pieza Carol». Y otra similitud: ninguno de los dos ha tenido que declarar ante la Fiscalía o el juzgado. Los dos, con pocos días de diferencia, verán cómo la Justicia archiva sus investigaciones y se quitarán un peso relevante de encima. Corinna ya está en esa situación.

Pero en lo que se refiere a Don Juan Carlos, el archivo de la investigación por la Fiscalía no va a significar ni mucho menos que se vaya a «bendecir» todas sus actuaciones. Más bien será todo lo contrario. El equipo de fiscales destinado a esa investigación, liderados por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, reflejará en su dictamen que algunos de los hechos cometidos por Don Juan Carlos no son del todo impolutos, sino más bien todo lo contrario. Se criticará algunas de sus actuaciones relacionadas con los hechos investigados, pero le «salvará» que los mismos se habría cometido entre 2011 y mayo de 2014 y no se prolongaron sus efectos más allá del 3 de junio de 2014, momento en que deja la Jefatura del Estado en favor de su hijo. Así, por ejemplo, los delitos fiscales que se le podrían imputar, y dado que se pueden investigar sólo los últimos cuatro ejercicios fiscales, tendría que constatase que defraudó al fisco a partir de 2016, toda vez que los anteriores estarían prescritos. Algo que, al parecer, no se ha podido verificar e las investigación fiscal.

La prescripción de los hechos es otro aspecto a los que la Fiscalía se hará referencia en el dictamen del Ministerio Público que se ultima en estos días.

Por tanto, dos van a ser los elementos principales que, según fuentes jurídicas, esgrimirá la Fiscalía para concluir que no puede ejercitar ninguna acción penal contra Don Juan Carlos en el Tribunal Supremo –se materializaría con la presentación de una querella ante la Sala Penal–: Prescripción de algunos de los hechos investigados, y, sobre todo, la prerrogativa de inviolabilidad que le otorgaba la Constitución como jefe de Estado hasta su renuncia al trono. Y es que el Ministerio Público sostendrá que existen indicios de que los hechos investigados pueden ser constitutivos de delitos, pero no se le podrá juzgar porque los mismos y sus efectos sucedieron cuando ostentaba la Jefatura del Estado, antes de su abdicación.

Entre documentación analizada por la Fiscalía figura la remitida por las autoridades suizas, como el acta del acuerdo privado de marzo de 2011 que le implicaría en gestión de la estructura «offshore» con la que habría ocultado presuntamente los 64,8 millones que le habría entregado el rey de Arabia Saudí.

Ese dinero, según declaró antes las autoridades fiscales suizas Corinna Larsen, se lo dio Don Juan Carlos «por gratitud» y en ningún caso para ocultarlo; dinero que se ingresó en una cuenta de su amiga abierta en el paraíso fiscal de Bahamas.

Esta circunstancia también ha podido ser tenida en cuenta por la Fiscalía del Tribunal Supremo a la hora de concluir que no se puede actuar penalmente contra Don Juan Carlos.

Ahora, sólo queda que se oficialice este archivo. Igual que el juez hizo respecto a su amiga Larsen, el Rey emérito se verá libre del «suplicio» de tener que pasar este trago judicial.