Encuesta NC Report
La mayoría suspende la gestión de Sánchez y reprueba a los socios
Hay más rechazo a la alianza con ERC y Bildu que a la coalición con Podemos. Si bien, el 50,6 por ciento apoya que el líder del PSOE rompa su acuerdo con Iglesias
El Gobierno de coalición suspende en su gestión política y económica en su primer año de mandato. Ni en un ámbito ni en el otro el Gabinete de Sánchez llega al aprobado. La gestión política recibe una nota de 3,9. Y la económica se queda en el 3,7.
Los partidos que se presentaron a las urnas bajo el eslogan de que «nadie se quedará atrás» se han visto superados por la fuerza del golpe de la pandemia, sin margen para desarrollar su programa de gobierno ni sus medidas sociales, más allá de buscar cortocircuitos de urgencia para las primeras consecuencias económicas de la pandemia.
El votante más receptivo con la gestión de la coalición es el más joven. Los menores de 34 años le dan la puntuación más alta, siempre dentro del suspenso, según el sondeo de NC Report realizado entre el 8 y el 9 de enero, con motivo del primer aniversario del Gobierno.
También hay mayoría que defiende la ruptura de la coalición. Un 50,6 por ciento se declara a favor de que Pedro Sánchez rompa su acuerdo con Pablo Iglesias, del que forma parte, asimismo, la mayoría de investidura que incluye a partidos nacionalistas e independentistas. Un 38,1 por ciento, sin embargo, apoya ese pacto que permitió a Sánchez llegar al Gobierno, primero tras la moción de censura al Gabinete de Rajoy, y, después, tras la repetida prueba electoral.
En todas las preguntas del sondeo se constata que las reticencias a las decisiones, a la gestión y a los apoyos de Sánchez aumentan con la edad del votante. El Gobierno de coalición tiene más apoyos, en general, entre la población más joven que entre los mayores de 55 años. Si a favor de la ruptura de la coalición se declara la mitad de los encuestados, el rechazo a la alianza con ERC y EH Bildu, sutanciada de nuevo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se eleva hasta el 62,2 por ciento.
Esas alianzas sólo las respaldan el 28,7 por ciento de los entrevistados. Esta realidad demoscópica confirma el temor en la organización socialista, más allá de las paredes de Moncloa, al coste electoral en los territorios de estos apoyos. Moncloa prima el pragmatismo y la necesidad imperiosa de mantener una mayoría, para la que no tiene alternativa, y de la que depende para conservar el poder. Los números no dan con Ciudadanos y no es viable la entente Podemos, Cs y PSOE por más que se aferren al eslogan de la geometría variable.
En cualquier caso, las próximas elecciones están lejos y en el PSOE quieren confiar en que una vez aprobados los Presupuestos, Sánchez marque con más contundencia el terreno a Iglesias y éste deje de apropiarse de la agenda social. Si hay algo claro en casi todas las partes es que la Legislatura puede agotarse, y, hasta entonces, hay muchas variables sin controlar que pueden echar por tierra todos los futuribles con los que se trabaje. La situación económica y política es excepcional.
Ante la pregunta de si Sánchez debería buscar pactos de Estado con el PP y con Ciudadanos, el electorado se divide en partes muy proporcionales. La mayoría defiende esos acuerdos, un 44,5 por ciento. Pero hay otro 40,1 por ciento que, sin embargo, se declara en contra.
En todas las decisiones estratégicas socialistas ha pesado hasta ahora el criterio electoral de que su votante prefería el acuerdo de la izquierda, es decir, con Podemos, antes que el entendimiento con el principal partido de la oposición. Y cualquier suma con Ciudadanos exigiría hoy, y, salvo sorpresa, en el futuro, que entre también en la ecuación la figura de Pablo Casado.
La encuesta también pregunta sobre la conveniencia de que la pandemia termine con una convocatoria electoral que juzgue la gestión de todas las partes. Aquí hay un 43,6 por ciento que defiende esas elecciones frente al 39,4 por ciento que se declara en contra.
Por último, la proporción se desequilibra notablemente cuando la encuesta apunta al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Para el 57,2 por ciento sería conveniente que dejase de ser ya ministro al haberse anunciado su candidatura a la Generalitat de Cataluña. Sólo un 30,1 por ciento respalda que compatibilice los dos cargos.
Illa ha pospuesto su dimisión al momento en el que se abra oficialmente la campaña electoral. Aunque en la práctica la campaña lleva abierta desde hace meses. La malísima evolución de la pandemia puede obligar a que al final se retrasen las elecciones, lo que beneficiaría a los intereses del ex presidente Carles Puigdemont. Hay una guerra sostenida entre ERC y JxCat por aplazar las elecciones catalanas, y ayer mismo el Gobierno catalán confirmó que será este viernes cuando se tome la decisión definitiva, en función de los criterios epidemiológicos y el derecho al voto.
Los socialistas son los únicos que se han declarado expresamente en contra de que se retrase la fecha de los comicios. Mientras los partidos siguen en sus cuentas electorales, la realidad es dramática y la consejería de Salud estima que las cifras de la pandemia empeorarán aún más en vísperas del 14-F.
Illa no ha querido pronunciarse al respecto. Pero su posición coincide con la del PSC, ya que el 14-F cuadra con la hoja de ruta sobre la que Moncloa y socialistas catalanes han diseñado el juego de sus piezas en el tablero electoral. En la pregunta sobre si Illa debe dejar el Ministerio, las diferencias por edades son mínimas. Los menores de 34 años apuestan por esta opción en un 53,4 por ciento. Y en los mayores de 55 esa cifra se eleva hasta el 58,9 por ciento.
Esta radiografía demoscópica del primer año del Gobierno de coalición queda muy condicionada por las circunstancias a las que ha tenido que enfrentarse a menos de dos meses de tomar posesión. En marzo estalló la crisis de la Covid-19 y, desde entonces, no ha habido espacio para hacer política ni desde el Gobierno ni tampoco desde la oposición. De hecho, la fuerza de la pandemia se ha llevado también de la agenda la cuestión catalana, que parecía el vector que iba a condicionar el arranque de la coalición. No será Cataluña, sino la economía, la que decida quién gana las próximas generales.
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