Bruselas reclama a España que la mitad de los vocales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces

Tercer toque de atención al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. El Ejecutivo comunitario ha advertido de que la mitad de los miembros del  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deben ser elegido por los jueces. Tal y como ha hecho en el pasado, Bruselas recuerda que  está “vigilando de cerca la situación” para evitar que salga adelante cualquier propuesta que pueda suponer la politización del sistema judicial español.

Esta nueva advertencia se ha producido en una carta enviada por la vicepresidenta de Valores de la Comisión Europea, Vera Jourová a la que el periódico La Razón ha tenido acceso y que supone la respuesta a la pregunta parlamentaria realizada por la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua el pasado 16 de octubre.

En su carta, Jourová se refiere de manera específica a la reforma presentada por el Gobierno  del pasado 2 de diciembre con la que el ejecutivo español pretende limitar los poderes del CGPJ cuándo se encuentre en funciones. “La Comisión considera que es importante asegurar que cualquier reforma futura del órgano de gobierno de los jueces tiene en cuenta los estándares europeos relevantes. En particular, la recomendación del Consejo de Europa asegura que no menos de la mitad de sus miembros deben ser jueces elegidos por sus pares”, asegura la misiva.

El debate sobre esta reforma de ley orgánica tendrá lugar mañana en el Congreso de los Diputados y todo indica que Bruselas seguirá ojo avizor sobre los próximos pasos que se tomen en nuestro país. “La Comisión está siguiendo el desarrollo sobre este proyecto de ley así como de manera genérica se sigue comprometiendo con las autoridades españolas en el seguimiento sobre el capítulo referido al dictamen sobre el Estado de Derecho”.

El pasado mes de septiembre, en su primer informe sobre el Estado de Derecho en todos los países europeos, Bruselas mostró su preocupación por el bloqueo en los nombramientos del órgano de gobierno de los jueces y el vínculo entre la Fiscalía y el Gobierno. Los veinte vocales cumplieron el pasado mes de diciembre dos años en funciones después de que los dos principales partidos del país hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre su renovación.

El ejecutivo de Pedro Sánchez utilizó en parte este informe del ejecutivo comunitario como coartada para culpar al Partido Popular de la parálisis y promover una reforma que suponía un cambio en las mayorías de elección. Lejos de avalar esta iniciativa, llegó el primer aviso de Bruselas. Los portavoces comunitarios aseguraron a mediados de octubre que ese paso suponía ir en la dirección opuesta a lo recomendado en el su dictamen, ya que incrementaba el riesgo de politización del CGPJ, e instaron al Gobierno de Coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos a acudir a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa.

Tras el primer rapapolvo europeo, Sánchez congeló esta reforma y mostró su disposición a pactar con el Partido Popular la renovación de este órgano según las normas de mayoría vigentes. Pero la calma duró poco. En el mes de diciembre se produjo una segunda advertencia después de que el Gobierno anunciara sus intenciones de limitar los nombramientos de estos órgano cuándo se encuentre en funciones. En ese momento, Bruselas ya avisó a España de la necesidad de consultar con “todos los actores relevantes” para una reforma de este tipo, lo que incluye los partidos de la oposición.

En los últimos meses ha habido encuentros frecuentes entre la Comisión y el Gobierno español sobre este tema. En octubre, el comisario de Justicia Didier Reynders se entrevistó con la ministra de Exteriores Arancha González Laya y en noviembre el mismo comisario también habló con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo