Querella contra la consejera de Salud de la Generalitat por negarse a vacunar a guardias civiles y policías

Una asociación de guardias civiles se ha querellado contra la consejera catalana de Salud, Alba Vergés, por la decisión de la Generalitat de dejar al margen del plan de vacunación a trabajadores de servicios esenciales a la Guardia Civil y la Policía en detrimento de los Mossos y los policías locales.

En la denuncia presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional imputa a la consellera y al director del Servei Català de la Salut (Catsalut), Adrián Comella, la supuesta comisión de delitos de odio, prevaricación, contra los derechos de los trabajadores y contra las garantías constitucionales.

La decisión se conoce horas después de que -a instancias del sindicato policial Jupol y de la asociación de la Guardia Civil Jucil- el propio TSJ catalán haya ordenado a la Generalitat que de forma cautelar modifique el plan de vacunación de personal esencial incluyendo a los agentes de ambos cuerpos que prestan servicio en Cataluña.

En un comunicado, la Unión de Oficiales se queja de que “pese a las distintas excusas” del Gobierno autonómico y al “ofrecimiento del Gobierno central”, la realidad a día de hoy es que “guardias civiles, policías nacionales” y agentes autonómicos y locales de toda España “han recibido su dosis de vacuna menos los guardias civiles y policías nacionales destinados en Cataluña”.

Critica la “tibieza” del Gobierno

“No podemos permitir -advierten- que decisiones políticas que no se sustentan en criterios sanitarios consensuados con el Ministerio de Sanidad” pongan en riesgo “la salud de policías y guardias civiles, de sus familias y de las personas con las que a diario se relacionan en el ejercicio de sus funciones”.

La asociación querellante lamenta “la tibieza” del Gobierno de Pedro Sánchez, que según lamenta “tolera que policías y guardias civiles sean ninguneados por las autoridades sanitarias catalanas, no solo poniendo en riesgo su salud, sino también el propio proceso y estrategia nacional de vacunación”.

“Garantizar la salud de guardias civiles y policías es necesario para garantizar la seguridad pública -defiende el colectivo-, seguridad que a su vez es necesaria para garantizar la democracia”. “Ya se han perdido muchas vidas, demasiadas. ¿A qué se está jugando desde la política?”, se pregunta la Unión de Oficiales.

Intervención judicial

El TSJ de Cataluña ya ha instado al departamento de Salud de la Generalitat a que “sin excusa alguna” garantice “de inmediato y sin dilaciones” la vacunación contra la Covid-19 “de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Cataluña”. De hecho, le da un plazo de diez días para que la vacunación de policías y guardias civiles haya alcanzado “la misma proporción que en el cuerpo de Mossos d’Esquadra”.

El tribunal ha dado cinco días de plazo al Gobierno autonómico para que le traslade los “datos de identificación de la autoridad responsable del cumplimiento de la presente resolución judicial”. Si expira ese plazo sin haberse procedido esa comunicación, advierte, “el tribunal considerará que la autoridad responsable es la persona titular del departamento de Salud de la Generalitat”.