El CIS sigue encuestando pese a la prohibición legal

A las amenazas,cancelación de debates electorales y crispación en la Comunidad Madrid, ahora, hay que sumar un nuevo factor que viene a embarrar aún más una ya de por sí campaña electoral sucia. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)confirmó que sus encuestadores siguen preguntando por intención de voto, aunque desde este ayer esté prohibido publicar encuestas.

Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades, después de que varios medios de comunicación destaparan su treta, desde el organismo público, aseguraron que es un trabajo habitual justificado en criterios científicos y niegan que esos datos se estén proporcionando al PSOE o a la Moncloa.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) impide publicar y difundir encuestas en los cinco días previos a unas elecciones, una medida que se ideó para proteger a las minorías en la recta final de la campaña y evitar que fueran arrastradas por el voto útil que pueden favorecer los sondeos.

Pero la prohibición se limita a la difusión, no impide que se siga realizando trabajo de campo. Y el CIS, que desde la pandemia dispone ya de su propio equipo para realizar encuestas telefónicas con resultados inmediatos, ha continuado estos días preguntando a ciudadanos por su intención de voto o la valoración de líderes, entre otras cuestiones. Una información valiosa para cualquier partido, a la par que costosa. No en vano, existen numerosos empresas demoscópicas que a día de hoy continúan recabando datos, ya sea para formaciones o particulares y que, obviamente, no se costean con dinero público, como es este caso.

Una vez que salió a la luz que el CIS estaba realizando estos sondeos, el instituto que preside el socialista José Félix Tezanos justificó estos cuestionarios por motivos científicos, en su búsqueda del método más adecuado para la estimación de voto en los actuales contextos de volatilidad de voto.

Desde la llegada del equipo de Tezanos, el CIS ha venido señalando que los criterios que se utilizaban para las estimaciones de voto, la denominada «cocina», eran válidos para el bipartidismo pero ya no funcionaban para la coyuntura política actual en la que los electores pasan fácilmente de un partido a otro y apuran su decisión al último momento. Por ello, consideran que seguir preguntando a los ciudadanos hasta el último momento puede resultar muy útil para perfilar esa fórmula de la estimación de voto.

Se trata de la enésima polémica que salpica al CIS cuya encuesta prelectoral rebajó las expectativas de la actual presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y dio, incluso, una ligera ventaja al bloque de la izquierda, en contra del resto de estudios demoscópicos.

El huracán desatado tras salir a la luz la polémica recibió una rápida respuesta por parte del Partido Popular y Ciudadanos que cargaron duramente contra la falta de neutralidad de este organismo público. En este sentido, los populares, reclamaron ayer a Junta Electoral Provincial de Madrid que tome «las medidas necesarias para comprobar» que el Instituto que dirige Tezanos está realizando encuestas, aunque no sean «para publicar antes del 4 de mayo», y exigió que se le entreguen los resultados de las mismas de forma «inmediata».

De hecho, el artículo 69.8 de LOREG dice, explícitamente, que «en el supuesto de que algún organismo dependiente de las Administraciones Públicas realice en periodo electoral encuestas sobre intención de voto, los resultados de las mismas, cuando así lo soliciten, deben ser puestos en conocimiento de las entidades políticas concurrentes a las elecciones en el ámbito territorial de la encuesta en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la solicitud». Sin embargo, desde el PP aseguran que no fueron informados y que se enteraron por la Prensa. Más dura fue ayer la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que cargó contra el presidente Pedro Sánchez y le espetó que «deje de utilizar los recursos y las instituciones públicas para hacer campaña».