No estará en el Tribunal de Cuentas, pero la liquidación provisional que va a trasladar hoy el organismo fiscalizador sobre la factura de los gatos de promoción del «procés» en el extranjero entre 2011 y 2017 puede acabar afectando a su patrimonio. Su defensa y la del también ex president Artur Mas, las de Oriol Junqueras y los también indultados Raül Romeva y Jordi Turull y más de una treintena de altos cargos de la Generalitat conocerán hoy el montante de la cuantificación que ha hecho el tribunal de esa supuesta responsabilidad contable por el desvío de dinero público para difundir el proceso soberanista fuera de nuestras fronteras. Un cuantía que se unirá a los 4,1 millones que ya han tenido que afianzar Puigdemont y su ex Govern, entre otros, por la organización del 1-O.

La defensa de Puigdemont ha intentado sin éxito que esta vista se suspendiese, alegando indefensión y la vulneración de un proceso con todas las garantías. Y es que en sus alegaciones el ex presidente catalán deja claro que considera la actuación del Tribunal de Cuentas una «persecución económica» y acusa a la institución de «criminalizar» a la Generalitat.

En su escrito de alegaciones, su abogado, Gonzalo Boye, niega que Puigdemont tenga cualquier tipo de responsabilidad contable en esos gastos y se queja de que «multitud» de desembolsos «ni tan siquiera se refieren al período» en el que estuvo al frente del Gobierno catalán. De hecho, denuncia que se hace referencia a actividades y reuniones «que ni tan siquiera este tribunal ha podido relacionar con el independentismo». Y es que para el letrado «éste parece ser el auténtico objeto de esta persecución económica y no la existencia de ninguna responsabilidad contable, porque no la hay».

En ese escrito, mantiene que el informe fiscalizador –que eleva a más de cuatro millones el supuesto desvío de dinero público desde Diplocat y las «embajadas» catalanas– utiliza «un constante tono criminalizador de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat» en el período referido.

La Generalitat no reclama

Asimismo, esgrime la sentencia del «procés» para hacer hincapié en que «varias de las actuaciones» que el tribunal considera irregulares «no generaron desplazamiento patrimonial alguno en perjuicio de las arcas públicas» pues se trata de gastos «que ni tan siquiera se materializaron».

El letrado se queja de que durante la instrucción se le ha impedido ejercer el derecho de defensa pues «se iban practicando diligencias, claramente dirigidas contra» Puigdemont «que esta parte no podía conocer». Unas limitaciones que, subraya, se han agudizado «dándonos un plazo muy exiguo para revisar un procedimiento con ingente cantidad de documentación» (4.536 archivos repartidos en 1.183 carpetas), motivo por el que solicitó la suspensión de esta vista.

Puigdemont considera que este procedimiento debería suspenderse hasta que concluya el proceso penal contra él en el Supremo y llama la atención sobre el hecho de que «no nos hallamos ante una verdadera acción de responsabilidad civil» porque la “supuesta víctima», la Generalitat, sostiene «que no ha sufrido daño indemnizable de ningún tipo», por lo que las actuaciones se ejercen «en contra» de su voluntad.

No ha sido condenado

En el escrito la defensa de Puigdemont se queja de que “se pretenden sancionar doblemente unos mismos hechos” puesto que considera que “los hechos investigados en el procedimiento penal son, en esencia, los mismos por los cuales ahora se busca la responsabilidad contable”, por lo que considera que existe “una cuestión previa penal que hace inviable resolver sobre posibles responsabilidades contables”.

Y es que aunque señala que un enjuiciamiento contable puede ser compatible con un proceso penal, subraya que cuando se trata de los mismos hechos “sólo se puede ejercer con separación cuando exista sentencia firme en la jurisdicción penal”, algo que no sucede pues aunque está procesado no ha sido juzgado al encontrarse huido desde octubre de 2017.

Y tras criticar la “carga ideológica” de las acusaciones que ejercen Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, el abogado del ex president cuestiona igualmente a la instructora del procedimiento, cuya actuación, dice, “no es imparcial” al ocupar “un puesto de trabajo provisto por el sistema de libre designación”. Algo que, según sostiene, “resulta incompatible, desde el punto de vista de la independencia jurisdiccional” con el hecho de que instruya estas diligencias por supuesta responsabilidad contable.