«A Marlaska le salió mal la jugada, pensó que no se iba a enterar nadie»

Fue el pasado viernes 13 de agosto cuando, inesperadamente, a la una del mediodía, se iniciaron las expulsiones a Marruecos de un grupo de 15 menores que en el mes de mayo entraron de manera masiva en la ciudad de Ceuta. En plena ola de calor y con la luz en máximos históricos se pusieron en marcha unos retornos, sin previa comunicación o información a la opinión pública. A día de hoy, estas repatriaciones están paralizadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta tras la demanda de medidas cautelares urgentes de la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y la Fundación Raíces. Cuando se cumple una semana del estallido de la polémica, LA RAZÓN analiza con Javier Baeza, presidente de la ONG que llevó ante los tribunales la actuación del Ministerio de Interior. «Me parece que a Marlaska le salió mal la jugada porque creía que no se iba a enterar nadie», asegura, en referencia a la falta de transparencia con la que se puso en marcha este proceso. «Nuestra lectura es que todo esto se hizo con alevosía, los niños y las niñas llevan desde el 18 de mayo –tres meses– y durante todo este tiempo no se ha hecho un protocolo. Me parece una irresponsabilidad», dice en una entrevista telefónica con este diario.

Todo la maraña judicial en la que se ha convertido la repatriación de los menas parte de una denuncia que interpuso su organización y que se ha ido enredando hasta el punto de poner en entredicho la actuación del titular de Interior, la del gobierno ceutí y la legalidad misma de la decisión. De hecho, la ONU puso el grito en el cielo al conocerse el procedimiento del Gobierno español y denunció que violaba el derecho internacional.

«Ponemos la denuncia ante el juzgado porque conocíamos al grupo de 15 niños que querían deportar, habíamos tenido relación con ellos, y, por eso, nos enteramos», cuenta Baeza. Es así como la encrucijada jurídica se destapa. La primera de las denuncias la ponen el sábado 14 de agosto, pero el juzgado de guardia la desestima porque los menores ya habían sido expulsados a Marruecos. Al lunes siguiente se vuelven a iniciar estas devoluciones y llega a oídos de la organización. En esta ocasión, la rapidez con la que actúan les permite paralizar el proceso de ocho de los nueve menores, por lo que solicitan medidas cautelares y que se paralice su retorno. A partir de este momento empiezan a desvelarse las violaciones al estado de derecho nacional e internacional con las que se pusieron en marcha estos expedientes de expulsión. «Este auto nos parece importante porque nos empieza a dar unos primeros datos. Lo que dice es que no se ha seguido el protocolo que la legislaciones española marca para expulsar o extraditar a una persona», explica Baeza.

A partir de entonces, se produce el cruce de acusaciones entre el gobierno de Ceuta y el Ministerio del Interior, así como las críticas de Podemos a estos procedimientos. El enredo judicial empieza a ensancharse. «Aparte de las mentiras de Marlaska, de las expresiones contradictorias del presidente ceutí, Juan José Vivas, lo cierto es que se han parado las expulsiones», dice con cierto orgullo el presidente de la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y jóvenes. En su opinión, el titular de Interior «se ha metido en un berenjenal» y considera que «miente», aún más si cabe si se tiene en cuenta su experiencia como magistrado que le obliga a estar al corriente de los procesos jurídicos en esta materia. «Todos sabemos que las competencias en materia de extranjería son estatales», recuerda.

A raíz de su denuncia, otra ONG, en este caso, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado interpone una petición a la Audiencia Nacional para que paren las expulsiones en base a una nota del 10 de agosto. Se trata de un escrito de la Secretaría de Estado de Seguridad –perteneciente a Interior– por el que se dirige a la Delegación del Gobierno en Ceuta y «ruega» que «se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos». En ese documento de Interior se establece que el proceso se llevará a cabo según lo previsto en un acuerdo bilateral de mayo de 2007 sobre menores extranjeros no acompañados. La Audiencia Nacional, en su auto del pasado miércoles, señala que va sin firma y con «escueta fundamentación», sin embargo, reconoce que «ha servido para que las autoridades correspondientes en la Ciudad Autónoma [de Ceuta] hayan puesto en marcha actuaciones de retorno de menores». La madeja se hace más grande porque la Audiencia Nacional desmonta la justificación de Marlaska y el gobierno ceutí.

En este punto, el juez deberá ahora estudiar la documentación aportada y dictar una resolución. Y, por otro lado, la Audiencia Nacional requirió «con carácter urgente» al Ministerio del Interior para que en el plazo de cinco días remita «el expediente acompañado de los informes y datos que estime procedentes» relativos a la repatriación. ¿Y si no aparecen estos documentos? «Tenemos otro papelón», reconoce Javier Baeza, quien pone el acento en que «el titular de Interior aseguró que se habían realizado conforme a la ley».

Tras una especie de tregua judicial con motivo de la petición de documentación, todo apunta a que la próxima semana se arrojará algo de luz en este asunto ya que tienen que aparecer los informes que acrediten qué entrevistas se realizaron a los menores y que revelen si se vulneraron o no los derechos de estos menores no acompañados.