Inmigración

«Sin política de inmigración»

Las ONGs que trabajan en Ceuta muestran su asombro ante la decisión del ministro de Interior de devolver a los menores. Critican la vulneración de los derechos de los menores y que no haya una «propuesta clara»

Trabajadores ayudan a uno de los menores marroquíes a las puertas del juzgado tras presentar una denuncia solicitando habeas corpus minutos antes de ser repatriados a su país de origen
Trabajadores ayudan a uno de los menores marroquíes a las puertas del juzgado tras presentar una denuncia solicitando habeas corpus minutos antes de ser repatriados a su país de origenAntonio SempereEuropa Press

Del «Welcome Refugees» a las devoluciones en caliente de menores. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado de ser el adalid de la solidaridad y de la humanidad a saltarse todos los protocolos internacionales a ordenar la repatriación de los menores que permanecían en Ceuta desde el mes de mayo en tan solo tres años.

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 vio en la inmigración una oportunidad para dar un primer golpe de efecto que le diferenciase de las políticas de su antecesor, Mariano Rajoy. Acogió al barco «Aquarius» que llevaba días varado en las costas italianas sin puerto en el que atracar; prometió la retirada de las concertinas y recuperó parte de la sanidad universal. Sin embargo, con el aumento de llegadas de pateras a las costas españolas en 2018 efectuó un giro que marcaría sus siguientes medidas: volver a las devoluciones en caliente, las expulsiones exprés, la instalación de concertinas o el bloqueo del barco humanitario «Open Arms».

La decisión del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de repatriar a los menores marroquíes al país vecino en virtud de un procedimiento firmado con Rabat en 2007 ha hecho saltar todas las alarmas ante la falta de transparencia y la cuestionable legalidad de este mecanismo. Además, ha vuelto a poner sobre la mesa la improvisación y falta de una política clara de inmigración del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Varias ONGs que trabajan en la ciudad autónoma de Ceuta mostraron ayer su «sorpresa» y «preocupación» ante esta decisión, a la par que exigieron una política migratoria «clara» dada la ubicación geográfica de España que la convierte en un enclave estratégico de los flujos migratorios,

José Miguel Morales, secretario general de la Federación Andalucía Acoge, asegura a LA RAZÓN que «no conocemos una política clara de inmigración, lo que hay es una respuesta a emergencias». Esta organización, que lleva 30 años trabajando en Ceuta, denuncia los parches y la vulneración de derechos que se están llevando a cabo en los últimos meses. «Tenemos un ministro de Interior al margen de la legalidad», denuncia en referencia a las últimas decisiones de Grande-Marlaska en materia de inmigración. «El Ministerio lleva haciendo barbaridades en la frontera con la excusa de la crisis con Marruecos desde el mes de mayo».

Desde Andalucía Acoge ponen el acento en el carácter fronterizo de España que hará que el goteo de llegadas sea constante, aún más con el recrudecimiento de conflictos bélicos o situaciones de hambruna o escasez de recursos por lo que reclaman altura de miras para gestionar con humanidad y con perspectiva de futuro la llegada de migrantes. «Hay que apostar por políticas que no conviertan en un infierno la vida de estas personas y que generen una sociedad positiva», asegura.

Carmela del Moral, directora de políticas de infancia de Save the Children, en declaraciones a LA RAZÓN, señala que la repatriación de menors no acompañados desde Ceuta a Marruecos «nos ha pillado por sorpresa, no nos lo podíamos imaginar». Según describe «no se están siguiendo los procedimientos legales, ni los recogidos en el Derecho Internacional ni en nuestro ordenamiento nacional porque son de manera colectiva y sin una evaluación personal». Asevera que el retorno puede ser una solución para un menor pero «para que este retorno sea legal debe cumplir requisitos» que están descritos en la Ley del Menor de 2015 y en la de la Protección de la Infancia, entre otros.

Desde Save the Children, al igual que otras fuentes consultadas por este periódico, subrayan que la medida llevada a cabo por el titular de Interior es algo inaudito que nunca se había puesto en práctica. Además, sobre las palabras pronunciadas ayer por Grande-Marlaska, asegurando que todos los menores que han sido repatriados querían volver a Marruecos, aseguran que «no les consta».

Este nuevo vaivén en la política migratoria amenaza con romper aún más las costuras de la coalición, coincidiendo con un momento de alta tensión entre los dos socios de gobierno.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, insistió ayer en que Grande-Maslaska, no ha contactado con ella en relación con el retorno a Marruecos de los menores. Según explicaron a Efe fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, el responsable de Interior «por ningún medio y en ningún momento» se puso en contacto con su compañera de gabinete. De este modo, Belarra rectificó lo que horas antes había dicho el titular de Interior que aseguró que existía comunicación directa con el Ministerio de Asuntos Sociales respecto a este asunto. Además, Belarra elevó el tono y envió una nueva carta para reiterar su rechazo, después de que un juzgado de Ceuta haya suspendido la repatriación de nueve niños «Queda por tanto en evidencia que el posicionamiento de Derechos Sociales coincide con el mantenido hasta el momento por la justicia, el Defensor del Pueblo, y las ONGs», dijo.

No obstante, no habría sido el único miembro de Podemos contrario a esta decisión. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también trasladó a Sánchez el descontento de Podemos respecto a las devoluciones de menores a Marruecos desde la ciudad autónoma de Ceuta, según la secretaria de organización de Podemos Lilith Verstrynge.

También desde la oposición el PP rechazó los bandazos en política migratoria. «Pasamos del Aquarius a la expulsión de menores», aseguró la vicesecretaria de política social, Ana Pastor, que volvió a tender la mano al Ejecutivo de Sánchez para un Pacto para la Migración.