La Fiscalía ve “meras sospechas” en la querella contra Tezanos por manipular las encuestas

La Fiscalía quiere que la Justicia archive la querella de Vox contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por manipular supuestamente las encuestas para beneficiar al PSOE, algo que considera “meras sospechas” y “conjeturas” que vinculan de una forma “no adecuada” la ineficacia en la realización de encuestas con la administración fraudulenta de la institución.

En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, el Ministerio Público se adhiere así al recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la decisión del instructor de admitir a trámite la denuncia presentada por el partido de Santiago Abascal contra Tezanos por malversación.

Según Vox, el funcionamiento del CIS desde que Tezanos fue nombrado presidente en 2018 es “irregular”. “La línea divisoria entre la irregularidad administrativa ha sido superada puesto que queda demostrado” -resaltaba la formación política- que el presidente del CIS “ha actuado dolosamente modificando incluso las técnicas operativas profesionales a aplicar para conseguir sus objetivos, beneficiar al PSOE”.

El objetivo de la denuncia es que se analicen las encuestas realizadas en estos tres últimos años por el CIS, para determinar si las “conocidas y notorias desviaciones de su presidente hacia el PSOE pueden considerarse normales o extremas, aleatorias o intencionadas, teniendo en cuenta además, los elevados costes que paga el CIS por las encuestas subcontratadas”.

No ve indicios de malversación

La Abogacía del Estado recurrió la admisión a trámite de la querella en representación de Tezanos señalando el “carácter prospectivo” de la investigación al no haberse delimitado en su opinión los hechos objeto de la segunda, que en todo caso considera no suponen la comisión de malversación alguna. En esa misma línea, la Fiscalía sostiene ahora que Vox “nada acredita respecto de los indicios existentes relativos a la comisión del delito denunciado”.

En su escrito, sostiene que las imputaciones que sostienen la denuncia, recogidas en un informe pericial, tienen tan solo como base noticias de prensa y reportajes televisivos, “así como comentarios y opiniones en redes, sin que se aporte ninguno de los expedientes que sostienen la realización de las encuestas objeto de informe pericial, y sin que se concrete ninguna actuación del investigado dirigida al cumplimiento de los requisitos del tipo objeto de denuncia”.

Por lo tanto, concluye que Vox esgrime “meras sospechas, conjeturas, que relacionan de forma no adecuada, la ineficacia en la realización de encuestas con la administración fraudulenta de la institución CIS”.

Vía administrativa o disciplinaria

Del mismo modo, el Ministerio Público asegura que los hechos denunciados carecen de la “solidez suficiente” para poner en marcha una investigación penal pues “distan mucho de satisfacer los presupuestos de tipicidad del delito objeto de denuncia”. Asimismo, añade que si bien es cierto que la elaboración de encuestas forma parte de las funciones asignadas al CIS, dicha tarea se puede cuestionar por su eficacia sin que ese cuestionamiento conlleve a exigir responsabilidad penal.

Y es que para la Fiscalía no existe una relación causal lógica que lleve a presuponer que los errores denunciados en la elaboración de encuestas “sean consecuencia de una administración dolosa dirigida por el querellado con la finalidad de quebrantar los fines de la institución en beneficio de un partido político concreto”, algo que en su opinión se circunscribe al terreno de las conjeturas y sospechas”, pues “nada se concreta en relación con una gestión fraudulenta” del patrimonio público del CIS.

Por último, precisa que “las irregularidades que se denuncian, relativas a la forma de elaboración de encuestas por el organismo CIS, en consonancia con el principio de mínima intervención penal y la falta de indicios suficientes, deben resolverse en la esfera administrativa o disciplinaria, una vez se obtengan los expedientes o documentos que sostengan la realización de las encuestas y que permitan, por tanto, valorar de forma objetiva cualquier tipo de error o manipulación en su elaboración”.