Moncloa ve inadecuado el regreso del Rey emérito

El archivo por parte de la Fiscalía de la investigación sobre Don Juan Carlos I no es razón en Moncloa para revisar la situación del Rey emérito y su regreso a España. Ayer circuló la información de que la Fiscalía ultima el cierre de la triple investigación abierta en su contra sin denunciarle ante el Tribunal Supremo. La noticia la avanzó El Confidencial.

La idea de que el Ministerio Público archive las pesquisas en torno a la fortuna de Don Juan Carlos, por entender que era inviolable durante su mandato, y que ya ha presentado ante Hacienda las correspondientes regularizaciones, implica, en una primera lectura política, que, «de momento, se para el proceso judicial».

Pero esto no cambia la posición de Moncloa sobre la conveniencia de que el Rey emérito siga residiendo fuera de España. «Su residencia estable en España es inadecuada y tendría un coste para la institución». Zarzuela también recela, aunque oficialmente mantengan silencio. «Nadie quiere», aseguran fuentes socialistas. La razón está en Suiza, pero también «en posibles novedades». «Nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiene por ahí», añaden las fuentes consultadas.

El escrutinio de la Justicia española, y la conclusión en la investigación de que no hay delito, en la medida en que todo lo anterior al 2014 está cubierto por la inviolabilidad y la prescripción, no determina, según «la razón de Estado» que esgrimen en Moncloa, un cambio en la situación de Don Juan Carlos.

La institución, alegan, «necesita mantener la más alta consideración y ejemplaridad y el problema reputacional» no se arregla simplemente por el hecho de que la investigación no termine en una querella ante el Supremo por parte de la Fiscalía. «El pasado no tiene ya arreglo si queremos proteger a la Corona, y lo que hay que cuidar es el presente», defienden.

Al margen de esta justificación en la defensa de la Corona, el regreso a España de Don Juan Carlos abriría una profunda crisis dentro del Gobierno de coalición. El PSOE ha dado apoyo al Rey y a la Monarquía con motivo de la «expatriación» de Don Juan Carlos, pero ha tenido que apoyarse en el bloque de la derecha para frenar todas las iniciativas de sus socios, particularmente de Podemos, para llevar al Congreso la investigación política sobre las polémicas financieras que rodean al antiguo monarca, y convertir esto en una causa general contra la Casa Real.

El pasado mes de agosto el Rey emérito cumplió un año de exilio en los Emiratos Árabes. Desde entonces ha procedido a dos regularizaciones fiscales para saldar sus cuentas pendientes con Hacienda. El antiguo monarca procedió primero a una regularización fiscal por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados en su contra.

A ésta, siguió una segunda regularización, en teoría la última, por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios, que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie y que tienen que ver con determinados gastos por viajes y servicios realizados por el Rey emérito a costa siempre de la Fundación Zagatka, a cargo de su primo Álvaro de Orleans-Borbón.

En cualquier caso, la política no puede negar que el archivo de las tres diligencias indagatorias, antes de que en diciembre tuviesen que ser prorrogadas, sí permitiría, en teoría, el regreso del padre del Rey, aunque fuese temporal, y siempre que no se alojase en Zarzuela ni fijase su residencia en España. Sería competencia del Gobierno buscar un acomodo digno para el Rey emérito en dependencias del Patrimonio Nacional. Ésta es la teoría, mientras que, en la práctica, desde Moncloa consideran que el ruido no sumaría en estos momentos sobre la figura de Felipe VI y «su apuesta clara por marcar un antes y un después, con decisiones y hechos que están siendo valorados por la opinión pública». «El sacrificio no ha acabado. La vuelta a España volvería a colocar a la institución en el centro de la diana». Además de las citadas fisuras que se abrirían entre la parte socialista del Gobierno y sus socios de coalición.

En lo que afecta estrictamente al horizonte judicial de Don Juan Carlos, el plazo para las diligencias vence en diciembre y el equipo encargado de las pesquisas, dirigido por Juan Ignacio Campos, no considera necesario ampliarlas porque, salvo que surjan nuevas evidencias, no tienen indicios sólidos como para presentar una querella ante la Sala Segunda del Supremo, la única que puede investigarle por su condición de aforado. Si esos indicios apareciesen en el futuro, la investigación sí podría reabrirse.

El pasado mes de septiembre, el Rey emérito acusó a la Fiscalía de perjudicarle gravemente y conculcar su presunción de inocencia al afirmar que había ganado su fortuna oculta a través del cobro de comisiones en negocios internacionales, tras la publicación del contenido de la comisión rogatoria cursada por el Ministerio Fiscal a Suiza. En aquel escrito se plasmaban las sospechas sobre don Juan Carlos y el posible origen fraudulento de su patrimonio. Apuntaba concretamente al padre de Felipe VI como perceptor de comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales. También se hablaba de «elementos indiciarios» de que los fondos millonarios de los que disfrutó tras su abdicación podían proceder de las citadas comisiones.