Sánchez salva las cuentas bajo el yugo de sus socios

El Gobierno consigue salvar el primer escollo de la andadura parlamentaria para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Lo hizo sin dificultades aritméticas –con el respaldo de 188 diputados de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Nueva Canarias, Teruel Existe, PRC, BNG, Más País y Compromís–, pero consciente del peaje que suponen esos apoyos, que hay que cultivar cada día.

El camino por recorrer no será fácil, porque lo que hoy es una de cal, mañana puede ser una de arena. Cada pleno en el Congreso, más cuando se trata de proyectos tan trascendentes como el que ayer se sometía a debate, es un continuo recordatorio de la debilidad del Ejecutivo y de la dependencia que tiene de sus socios, que hacen valer sus votos con una larga lista de demandas que tendrán que atenderse antes de avalar definitivamente las cuentas.

En el Gobierno son plenamente conscientes de su precaria situación y se dirigen con maneras suaves a sus sostenedores, asegurando que no pretenden recibir un «cheque en blanco» y que «sudarán» para colmar las exigencias de sus interlocutores. Una actitud que contrasta con las maneras unilaterales con las que se desenvuelven en la negociación, hasta llegar al momento decisivo de hacer cesiones. Para llegar hasta aquí, el Ejecutivo se comprometió a blindar el catalán en la futura ley audiovisual y a culminar el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), a la que se resistía José Luis Escrivá, al País Vasco.

El Gobierno se encamina ahora hacia una fase de negociación en la que todas las formaciones presentarán sus enmiendas a las distintas secciones y al articulado de los Presupuestos. Exigencias para retocar las cuentas que tendrán que atender para conseguir aprobarlas antes de final de año. El objetivo es que entren en vigor el 1 de enero, recuperando la «normalidad institucional» y permitiendo vehicular los fondos europeos llegados de Bruselas para impulsar la recuperación económica tras la pandemia. Estas cuentas, asumen en el Gobierno, pueden ser las últimas de la legislatura y serán capitales para agotar el mandato.

Esta sensación de tener el agua al cuello se visibilizó en el hemiciclo. Los socios que dieron oxígeno al Gobierno, advirtieron inmediatamente de que podía tratarse de un aire artificial. Es por ello que contrastó la actitud de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que si bien el miércoles –en la primera jornada presupuestaria–presentó una actitud contundente de reproche contra la oposición por enmendar las cuentas públicas, ayer dedicó un tono conciliador y de mediación hacia ERC, PNV y Bildu, sus principales valedores.

Los republicanos fueron los primeros en escenificar su estrategia dirigida a hacer valer su fuerza negociadora hasta el final. Se encargaron de recordar que de su voto depende Moncloa. «No sé si les queda gasolina para tanto viaje», ironizó el portavoz Gabriel Rufián, desvelando que estuvo a 15 minutos de vetar los Presupuestos. La solución llegó por la promesa del Gobierno para que las plataformas digitales produzcan parte de sus contenidos en catalán. Aún así, el diputado de ERC avisó de que «la soberbia es mala consejera» y criticó la actitud triunfal de Moncloa que defiende que sus cuentas públicas son las «más expansivas de la historia». A su juicio, tan solo son «una promesa». Entre las exigencias de los republicanos para conseguir sus votos finales se encuentra la reducción del presupuesto destinado a Defensa, rebajar al mínimo el IVA de los productos de higiene femenina o poner en marcha una política fiscal redistributiva, entre otras. Ante sus exigencias, la ministra de Hacienda reconoció que sus Presupuestos «no son suficientemente ambiciosos» para lograr una fiscalidad más justa y se comprometió a «buscar garantías» para mejorar la ejecución de las cuentas en vigor. Le recordó también al portavoz que conocía a la perfección «la aritmética parlamentaria», en referencia a la debilidad del Gobierno en el Congreso. «No hace falta que nos recuerden constantemente que esto no es un cheque en blanco, lo tenemos muy claro», le espetó.

El PNV se mostró más pacificador. Si bien recordó al Ejecutivo que todavía le «queda un buen trecho» para conseguir el aval a las cuentas, su portavoz económica, Idoia Sagastizabal, calificó el proyecto de «expansivo e inversor», aunque «no deje en buen lugar» al País Vasco. La llegada del tren de alta velocidad, el corredor Atlántico o partidas económicas para mejorar las infraestructuras son algunas de sus demandas.

Los votos de Bildu tampoco serán un cheque en blanco. Piden la derogación completa de la reforma laboral y dejar en un segundo plano a la patronal. «Si no fuese así, quizá vayan a perder el apoyo de los grupos de izquierda», advirtió el portavoz Oskar Matute, que también reclamó una reforma fiscal profunda con más impuestos o su veto a la reforma de las pensiones. «No se la jueguen, cumplan su palabra y a todos nos irá mucho mejor, incluidos ustedes», advirtió. Ante todas las críticas de los socios, Montero les garantizó que el Gobierno «suda la camiseta» en cada norma, asumiendo así la debilidad parlamentaria.