El pacto sobre la renovación del Poder Judicial está en «punto muerto»

“La negociación sobreel Poder Judicial está en «punto muerto”. Así zanjaban ayer en la dirección del PP la información que desde el entorno del Gobierno han estado haciendo circular para intentar apagar el incendio interno, y alimentado por sus principales satélites, a cuenta del contenido del pacto firmado por el Ejecutivo de coalición con el PP para renovar el Tribunal Constitucional (TC).

El detonante de la crisis en la mayoría de investidura ha sido el perfil de los candidatos propuestos por el PP, y aceptados por los negociadores de Pedro Sánchez, sobre todo el nombre de Enrique Arnaldo.

La crisis de Sánchez con sus socios, y de reputación para el PSOE, que ha abierto en el bloque de la izquierda el pacto firmado con el PP ha obligado a la delegación socialista a buscar «in extremis» la salida de justificar entre sus críticos este acuerdo en un objetivo superior,desbloquear también la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los voceros del Gobierno cuentan que ésta es la cláusula secreta que esconde ese acuerdo con el PP sobre el TC, que han tenido que votar con una «pinza en la nariz» Once de sus diputados ni siquiera con «pinza» han avalado el acuerdo alcanzado entre Gobierno y PP por considerar que Enrique Arnaldo no cumplía con las condiciones exigibles.

La coartada del Gobierno la desmienten categóricamente en el PP. No sólo no hay acuerdo, sino que, según fuentes de la dirección popular, la negociación está «en punto muerto».

De hecho, en los últimos días, y también desde la parte socialista, se han filtrado informaciones que hacían circular de nuevo nombres que habían estado sobre la mesa hace meses, en un intento de generar la sensación de que la negociación avanzaba y que el PP aparcaba su exigencia de una reforma legislativa para cambiar el sistema de elección de los vocales. Conforme a lo que plantean en la UE.

Ayer por la tarde, mientras la coalición se desangraba por culpa de la bronca provocada por el acuerdo sellado con el PP, fuentes solventes de Génova ratificaron que no hay avances en el Poder Judicial. Ni los habrá en tanto no se concrete en el Registro del Congreso, como así exigió formalmente Pablo Casado en su última entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, una propuesta de modificación de la legislación actual para que los jueces elijan a los jueces en el CGPJ.

El desmentido a la versión de Moncloa es absoluto. Y en Génova se frotaban ayer las manos con el alboroto en la bancada de la izquierda a cuenta de su candidato. Su teoría es que la polémica sobre la politización de los nombramientos no les penaliza electoralmente, y sí tiene un grave coste sobre las siglas socialistas porque han conseguido «que el problema sea de Sánchez».

Moncloa ha intentado desactivar ese desgaste con el argumentario de que ellos sólo se hacían responsables de su propuesta, pero, si de esto va el acuerdo, de que cada uno presente sus nombres sin más, el pacto sobre todas las vacantes institucionales debería estar cerrado desde el primer minuto en el que venció el mandato anterior.

Y más allá de las intoxicaciones interesadas, que han llegado a recuperar papeles de las conversaciones que lideró el ex ministro Juan Carlos Campo, la realidad es que Podemos y buena parte del PSOE se han tragado el sapo del pacto firmado por Sánchez, sin nada más a cambio que la expectativa de que en primavera, cuando toque culminar la renovación del Constitucional, el PP se avenga a colaborar en otro acuerdo que ya sí modificará la mayoría que rige en el Alto Tribunal para inclinarla del lado progresista.

Esta crisis por la renovación del Constitucional perjudica, además, precisamente, el margen de acuerdo del PSOE para desbloquear el Poder Judicial. La bronca de ayer en el Congreso es un adelanto de lo que se le puede venir encima al Gobierno de Sánchez si llega a un pacto con el PP en esa materia que no se atenga las exigencias y las condiciones de Podemos y de sus socios.

Lo que está en juego es la estabilidad de la legislatura, no sólo de los órganos constitucionales pendientes del pacto PSOE-PP.