Cumbre de Santiago: 17.000 millones para paliar la “infrafinanciación”

La España vaciada o dispersa se mueve. Eleva la voz para trasladar sus demandas, que no ven colmadas por el Gobierno ni por los partidos políticos tradicionales. La reorganización en torno a una nueva formación que podría arañar una decena de escaños a PSOE, PP y Vox en el Congreso de los Diputados y decantar La Moncloa ha hecho saltar las alarmas de los cuarteles generales ubicados en Madrid, pero también a nivel territorial. El reparto de la financiación autonómica en el nuevo modelo que debe surgir de su reforma se torna una de las mejores bazas para defender los intereses de la tierra.

Hacerlo, además, frente a otras regiones que también se han organizado en una entente de la España periférica para establecer criterios por población. Santiago de Compostela será hoy sede de una reunión de presidentes autonómicos de Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PRC), La Rioja (PSOE), Aragón (PSOE), Castilla y León (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Extremadura (PSOE). LA RAZÓN ha hablado con todos sus participantes –a excepción de La Rioja, que ha declinado participar– para conocer sus reivindicaciones, que trascienden las siglas y que tienen un nexo común: la actual financiación es “manifiestamente insuficiente”.

Galicia

El Gobierno gallego da mucho valor a la reunión en la que Alberto Núñez Feijóo ejerce de anfitrión de ocho comunidades que representan a casi el 62% del territorio nacional y a prácticamente el 25% de la población del país. Según destacan desde la Xunta la principal motivación de este cónclave “es ser útiles al país” y con ello se busca “defender los intereses de las comunidades a las que representan sin apriorismos ideológicos ni sectarismos”. Esta reunión dará testimonio de la complejidad de España, ya que, según ha subrayado Feijóo “se trata de un encuentro entre autonomías muy diferentes en extensión, orografía, dispersión territorial. De igual modo, será reflejo de los retos comunes que afrontamos como administración y como Estado. “Este encuentro lo que buscará es llegar a las soluciones que podemos aportar al conjunto de la nación, en defensa de los intereses de las comunidades a las que los ocho presidentes nos debemos como gobernantes, pero siempre desde la lealtad absoluta al Estado del que formamos parte”.

Castilla-La Mancha

“Se ha puesto el foco -lo ha puesto la política nacional- en el problema de la despoblación. Si es cierto que queremos hacer de la despoblación una política de Estado, hay que hacerlo a través del nuevo modelo de financiación autonómica”. En Castilla-La Mancha reivindican que el reparto debe establecerse en función del “coste efectivo de los servicios”, porque “es más caro prestar el servicio público en determinados territorios con menos población, que en aquellos con mucha población más concentrada”. La pandemia, además, ha “agudizado” los déficits que existían en la prestación de estos servicios esenciales. “No estamos hablando de caprichos. Ninguno de los que nos reunimos aspiramos a tener ocho canales de televisión, embajadas en el exterior o policía autonómica, estamos hablando de garantizar la suficiencia de recursos para educación, sanidad y servicios sociales”, señalan desde el Gobierno de Emiliano García-Page.

Castilla y León

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco está convencido de que “el objetivo de esta reunión es hablar, dialogar y buscar soluciones para las comunidades que tenemos los mismos problemas sin perjudicar al interés común”. En concreto, considera que el sistema de financiación debe tener como primer objetivo “garantizar que todas las personas, vivan donde vivan, puedan acceder a los mismos servicios públicos esenciales. El Gobierno tiene que sentarse a hablar con todos”, reivindica. Además, Mañueco subraya que el Gobierno de España debe ejercer su responsabilidad y propiciar el acuerdo de las comunidades y las fuerzas políticas. “Las comunidades necesitamos mejorar la financiación para garantizar la calidad de los servicios públicos” y espera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acometa la reforma del sistema de financiación “porque el actual modelo está desfasado y es malo” y, “para Castilla y León, además, es injusto”.

Aragón

El presidente Javier Lambán estima que para satisfacer a todos los territorios harían falta “entre 17.000 y 18.000 millones de euros”, pero no de una manera coyuntural, como en el caso de los fondos europeos, sino con carácter estructurales. Aragón compara las cuatro patas del sistema del bienestar pensiones (gestionadas por el Gobierno central), sanidad, educación y servicios sociales (gestionadas por las CC AA). De este modo, expone que, “mientras que el Gobierno tiene instrumentos legales y económicos para hacer frente al problema de las pensiones, las CC AA no tenemos instrumentos para hacer frente a la gestión de tres pilares del Estado del Bienestar y que en el caso de la educación y la sanidad van en un aumento exponencial desde hace años”. “O se toman medidas muy radicales o las comunidades autónomas no vamos a poder prestar esos servicios. Nos van a tener a todos reclamando una solución a muy corto plazo, en 2022″, dice Lambán.

Extremadura

Desde el Gabinete de Guillermo Fernández Vara apuestan por “un consenso hacia un nuevo modelo que acoja la diversidad sin poner en riesgo la igualdad, en el que las diferencias no sean una excusa para la insolidaridad, que promueva la riqueza y garantice el bienestar de todos y en el que las capacidades de los ciudadanos sean justamente ponderadas y sus necesidades adecuadamente atendidas”. Para lograrlo, desde Extremadura ponen de relieve la necesidad de que el pacto parta de “los principales partidos de gobierno del país”, esto es, PSOE y PP, “sin confrontaciones, ya que el resultado debe ser que todas las autonomías salgan beneficiadas”. “La financiación autonómica se dirige a la mejora de la vida de ciudadanos iguales y con los mismos derechos; y no a garantizar la posición en el ranking de generación de riqueza de una región o de reparar la presunta infrafinanciación de otra”, señalan.

Asturias

El presidente Adrián Barbón acude a la cita de hoy en Santiago con unas propuestas consensuadas con todos los partidos del Parlamento asturiano, a excepción de Vox. Defenderá que el futuro modelo esté basado en las necesidades de gasto; que tenga en cuenta el coste real de los servicios, única manera de garantizar el principio de igualdad y una negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Rechazan que estas reuniones se interpreten como “un frente contra nadie”, pero sí quieren que se asuma, por ejemplo, que una población envejecida multiplica el coste de los servicios sanitarios. Aunque reconocen que Asturias es “periferia de la periferia”, interpelan al Gobierno sobre “el modelo de Estado que queremos construir”, porque “el sistema de financiación no va sólo de reparto de recursos”.

Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla espera un acuerdo unánime. “Las ocho defendemos lo mismo, una financiación que garantice el mantenimiento de los servicios públicos que en nuestros territorios cuestan mucho más que en las regiones más pobladas” y subraya que Cantabria “tiene que destinar más dinero al transporte escolar que Madrid, cuando aquí tenemos 13 veces menos alumnos”. Además, le gustaría que sirva “que todos tomemos conciencia de la importancia vital de la solidaridad interterritorial y de la necesidad de una negociación multilateral, en la que participemos todos con disposición a llegar a acuerdos”.

El resto de comunidades autónomas no participan en este cónclave, pero también tienen sus exigencias en un modelo de financiación en el que coinciden, se ha quedado obsoleto.

Andalucía

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno destaca que el sistema de financiación “tiene que garantizar recursos suficientes para prestar esos servicios, que cada vez son más caros, porque cada vez hay mejores tratamientos y más costosos”. Además, apunta, “debe hacerlo con igualdad, corrigiendo la brecha existente entre unas Comunidades Autónomas y otras. No voy a decir que haya comunidades superfinanciadas pero sí denuncio que las hay infrafinanciadas, como Andalucía, que recibe cada año mil millones menos de lo que nos corresponde. Eso hay que arreglarlo”. Moreno asegura que no habrá nuevo modelo de financiación “por falta de voluntad del Gobierno de España”.

Murcia

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reclama “justicia y equidad”. “Lo principal y más urgente es que se reforme cuanto antes el injusto sistema de financiación autonómica. No podemos esperar más porque, cada día que pasa, los habitantes de la Región de Murcia pierden 2 millones de euros”. Y es que, solo en el último año, la Región de Murcia dejó de ingresar cerca de 800 millones de euros “por la inequidad y la insuficiencia de este modelo injusto y caduco”. También considera “indispensable” la necesidad de habilitar un fondo de nivelación para compensar a las comunidades peor financiadas mientras no se reforme el sistema; y, la otra, es la condonación de “la deuda injusta que este sistema nos ha generado en estos más de 10 años de vigencia”.

Valencia

Desde la Comunidad Valencia, el presidente Ximo Puig apunta que su comunidad reclama una mayor suficiencia del sistema. “Si hay algo en lo que hay consenso actualmente es que al conjunto de la administración autonómica le faltan recursos para poder hacer frente a necesidades crecientes”. Considera que deben destinarse más recursos para el sistema de financiación, “lo que garantizará mayores ingresos a todas las autonomías y, especialmente, a las peor financiadas para poder converger con la media. En segundo lugar, que haya equidad en el reparto entre comunidades”. “Los cinco millones de valencianos y valencianas tienen el mismo derecho que el resto de ciudadanos a disfrutar de una Sanidad, una Educación y unos Servicios Sociales públicos y de calidad, con independencia de donde residan”, subraya.

Además, se muestra convencido de que “entre las comunidades hay más consenso que disenso”. “Seremos capaces de acordar un modelo claro, sencillo y transparente que recoja a través de la población ajustada las distintas realidades de una España plural, garantizando a la vez la equidad entre territorios”.

Cataluña

Con rotundidad, desde la presidencia de la Generalitat de Cataluñacierran toda puerta a implicarse en la negociación de un nuevo sistema de financiación. “Nosotros no vamos a pedir un nuevo sistema de financiación”, sentencian, ya que eso conllevaría enviar un mensaje implícito de renuncia a la independencia de Cataluña. No obstante, también es cierto que el Govern está compuesto por dos partidos y eso puede albergar diferencias sobre cómo afrontar este debate porque en la Consellería de Economía (en manos de JxCat) sí han optado por regresar a foros multilaterales con el objetivo de extraer beneficios para Cataluña: sin duda, un nuevo sistema de financiación es una reivindicación que el nacionalismo ha convertido en icónica. El precedente más inmediato es el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde la Generalitat volvió a estar presente tras años de incomparecencia. Informa, Javier Gallego

Melilla

Desde Melilla, su presidente Eduardo Castro que actual sistema de financiación autonómica fue aprobado en el año 2009 (Ley 22/2009) y apunta que “dicha aprobación fue votada favorablemente por Ceuta, lo que hizo que obtuviera alrededor de unos 7.000.000 de euros más que Melilla”, que votó en contra de la aprobación de la citada Ley. “Esto ha provocado que exista un gran diferencial de financiación entre ambas Ciudades Autónomas, lo que ha ido en perjuicio de la nuestra”, advierten. Por ello, desde la ciudad autónoma solicitan reformar el vigente sistema de financiación y equiparar las cifras con las de Ceuta (que en la aprobación de 2009 del actual sistema tenía un diferencial considerable de 7.000.000 de euros que ha ido incrementándose con el paso de los años). Además cree que el punto de encuentro entre todas las comunidades “es difícil, porque todos tendremos que ceder en algo”.

Ceuta

Por su parte, desde Ceuta, su presidente Juan Jesús Vivas destaca que, en reclaman que todos los convenios y subvenciones nominativas que tiene la Ciudad Autónoma se aseguren mediante ley dentro de la propia financiación autonómica. “Nuestra petición es que se tengan en cuenta también los condicionantes de Ceuta y sus especificidades, como la reducida superficie, la condición fronteriza, la extranpeninsularidad, la falta de recursos naturales y el coste de los servicios, transportes o fabricación”. Además, destaca que, aunque es “difícil” el consenso entre todas las comunidades “es necesario en estos momentos tan complicados de pandemia, y sobre todo ahora viendo cómo está subiendo la incidencia de la enfermedad de nuevo. Los acuerdos son buenos y la historia nos demuestra que llegar a acuerdos significa crecimiento, prosperidad y confianza en el futuro de nuestro país”.