Los homenajes que las víctimas quieren evitar: un centenar de etarras saldrá de prisión antes de diez años

La cruzada legal de las víctimas del terrorismo para evitar el goteo de homenajes a miembros de ETA tiene ante sí un horizonte que les obliga a perseverar en su empeño de que se ponga coto a los recibimientos como héroes a los etarras una vez han cumplido sus condenas.

No en balde, en los próximos diez años está previsto que salgan de prisión más de un centenar de terroristas, entre ellos históricos de ETA como el ex «jefe militar» de la banda Javier García Gaztelu, «Txapote», condenado entre otros por el asesinato de Miguel Ángel Blanco; el que también fuera responsable de los «comandos» Juan Luis Aguirre Lete, condenado por ordenar el secuestro de Ortega Lara; el sanguinario Henri Parot, condenado por 39 asesinatos, entre ellos el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, a penas que suman más de 4.700 años de prisión; y el ex dirigente etarra José María Arregui, «Fiti».

En la actualidad hay en las cárceles españolas 187 presos de ETA, una cifra que dentro de diez años –tras quedar en libertad al extinguir sus condenas más de la mitad– se reducirá a 83. Por lo pronto, en el próximo lustro abandonarán la cárcel 47 etarras, por lo que en 2026 quedarán presos 140.

No obstante, la previsión de excarcelación fijada a día no es definitiva, pues puede verse reducida por los sucesivos cómputos de redenciones de pena o del periodo que pasaron en su día en prisión provisional (como le ha sucedido recientemente a Henri Parot, que ha reducido en 20 meses su salida de prisión, que ahora tiene marcada en el calendario en julio de 2029).

En 2022, 14 saldrán de la cárcel

Además, con las competencias penitenciarias en manos del Gobierno vasco, y con ellas la posibilidad de flexibilizar la progresión de grado y la concesión de permisos (aunque serán los jueces quienes tengan la última palabra), las víctimas tendrán que acostumbrarse a ver en libertad a muchos de ellos antes de extinguir sus condenas.

De ahí que quieran evitar a toda costa que ese goteo de excarcelaciones (que solo el próximo año supondrá el cumplimiento de condena de 14 etarras) acarree un reguero de homenajes públicos para escarnio y humillación de quienes perdieron a un ser querido o sufrieron en sus propias carnes la violencia terrorista.

Y es que lo que Bildu define como «actos de reintegración» y de «celebración y expresión de alegría por la excarcelación de personas queridas», para las víctimas del terrorismo son «aberraciones» que solo sirven para ensalzar a los asesinos y exaltar a la banda criminal.

De ahí que, ante las dificultades para la persecución penal de esas conductas como enaltecimiento de ETA, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) reclame a los partidos que se tipifique como delito independiente la humillación a las víctimas.

El impacto psicológico: “Enfado, injusticia y humillación”

«La evolución jurisprudencial ha vetado prácticamente la vía penal para perseguir este tipo de actos como enaltecimiento del terrorismo –señala Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT–, pero el de humillación a las víctimas tiene menos desarrollo jurisprudencial. Además, los bienes jurídicos protegidos en cada una de las dos modalidades son diferentes».

Un informe de la AVT ya denunció el pasado año el «impacto psicológico negativo» de esos homenajes en las víctimas, constatando los sentimientos de «enfado, injusticia y humillación» que les provocan.

El próximo 10 de diciembre se producirá la última excarcelación de este año, la del etarra Ignacio Echeverria, «Mortadelo», condenado por el atentado cometido en febrero de 1992 en la plaza de la Cruz Verde (Madrid) en el que fueron asesinadas cinco personas, cuatro de ellas militares, y otras doce resultaron heridas.

En 2022 le llegará el turno a otra veintena de etarras. Uno de ellos será Jesús María Martín Hernando, «Txus» (19 de julio), quien fue condenado por colaborar en el atentado mortal contra el ertzaina Joseba Goikoetxea en 1993.

El preso etarra de mayor edad, en 2024

Al año siguiente cumplen condena, entre otros, el ex miembro del «comando Vizcaya» José Ignacio Bilbao (29 de mayo) y Álvaro Arri Pascual, «Munipa», quien fuera integrante del «comando Madrid» (en su caso el 17 de julio). En enero de 2024, será un histórico etarra, Sebastián Echániz, «Sebas», de 77 años, el preso de ETA de mayor edad, el que cumplirá su condena por varios asesinatos en los años 80.

«Una víctima nunca está preparada para la salida de prisión del terrorista que asesinó a su ser querido o atentó contra ella», señala Ladrón de Guevara, quien no obstante deja claro que quienes han sufrido en primera persona la violencia terrorista «aceptan resignados que sean puestos en libertad siempre y cuando se deba a decisiones legales tras el cumplimiento íntegro de sus condenas».

«Sin embargo –se queja– lo de los ongi etorri no lo entienden y les provoca un dolor añadido, de ahí que reclamemos medidas para evitar este tipo de actos».

La “parafernalia” de los homenajes públicos

La AVT rechaza que, como mantiene EH Bildu, esos recibimientos no pretendan enaltecer a los etarras. ¿Dónde está, por tanto, la línea roja que separa un recibimiento de un homenaje? «En que lo hacen en vía pública, con publicidad y con toda la parafernalia propia de homenajes públicos: pancartas, banderas, bengalas, pasillos de honor...», puntualiza Ladrón de Guevara.

La sucesión de excarcelaciones continuará en años sucesivos a medida que cumplan sus condenas, entre otros, el ex jefe del «aparato militar» de ETA Juan Luis Aguirre Lete (12 de marzo de 2025); el histórico ex dirigente etarra José María Arregi, «Fiti» (1 de diciembre de 2026); y Henri Parot (julio de 2029, año en el que saldrán de la cárcel otros diez terroristas). Parot, ex integrante del «comando Argala», fue condenado, entre otros, por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en el que en 1987 fueron asesinadas once personas, seis de ellas menores. Ya en 2031, extinguirán sus condenas José María Dorronsoro y Javier García Gaztelu «Txapote», condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y los de Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica.

«Ojalá tuviera la solución para una cuestión que tanto dolor provoca a las víctimas», asegura la letrada de la AVT, quien considera no obstante que las modificaciones legales que proponen «ayudarían a evitar este tipo de actos», así como «actuaciones en el ámbito penitenciario para que sean los propios presos los que no quieran que se les realice este tipo de actos».