17-A: los condenados se quejan de que se juzgó a los terroristas fallecidos

La sentencia del juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 –en los que fueron asesinadas 16 personas– no dejó satisfechas a las acusaciones populares y particulares ni a las defensas de los tres acusados. Tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que finalmente no pide la repetición del juicio, como la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo pretenden que se dicte una nueva sentencia en la que el tribunal se pronuncie sobre la posible responsabilidad de dos de los condenados –Mohamed Houli y Driss Oukabir– en los asesinatos, una cuestión (por la que no acusaba la Fiscalía) que la Sala excluyó expresamente del fallo.

Pero no son las únicas partes del proceso que quieren que se dicte una nueva sentencia. Los abogados de los tres condenados –además de los dos citados, Said Ben Iazza, aunque en su caso AVT y la asociación que fundó Pilar Manjón no le responsabilizan de los asesinatos (y de los 150 heridos) en Barcelona y Cambrils– también reclaman a la Audiencia Nacional una nueva resolución. Pero, en su caso, por motivos bien diferentes.

Según exponen en sus recursos de apelación –a los que ha tenido acceso este periódico– las condenas se basan en hechos atribuidos a los considerados ideólogo y autores materiales de los atentados, ya fallecidos y que –recalcan los letrados– no se han podido defender. Pero para los letrados, esa premisa era necesaria para sustentar la existencia de una organización terrorista de carácter yihadista a la que, según la sentencia, pertenecían Houli y Oukabir y con la que habría colaborado Said Ben Iazza.

Tanto unos como otros pretenden que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional celebre una vista en la que puedan exponer los argumentos de sus recursos, una decisión sobre la que tiene que pronunciarse la ponente, la magistrada Manuela Fernández de Prado.

“Debió quedar fuera y no fue así”

Para la defensa de Mohamed Houli –el único superviviente de la explosión de Alcanar, condenado a la pena más alta, 53 años y medio de prisión– la sentencia «no debió de fundar su prueba de cargo en hechos de personas ya fallecidas» al ser «inimputables» y no haber podido defenderse. Mohamed Houli, insiste, «desconocía la actuación que llevaron a cabo otras personas en los atropellos de Las Ramblas y de Cambrils» . Para su abogada, María del Carmen González de Lario, la Audiencia tiene que dictar una nueva sentencia «que no incluya hechos dados como probados en relación a los ya fallecidos» (en la explosión de Alcanar o abatidos por los Mossos).

En cuanto a Dris Oukabir – que alquiló la furgoneta utilizada en el atentado de Las Ramblas y fue condenado a 46 años de cárcel–, su defensa recuerda que el auto de procesamiento dejó al margen «los hechos que acontecen en Las Ramblas y en Cambrils, por lo que todo lo actuado durante el juicio en relación a estos hechos debió quedar fuera y ello no fue así».

Su abogado, Luis Álvarez Collado, se queja en el recurso de apelación de que los peritos que declararon en el juicio «continuamente» fueron «contando cual es la actuación de cada uno de los fallecidos, a la vez que se califica jurídicamente su actuación, lo que implica el enjuiciamiento de estos hechos que son declarados probados pese a que los autores de los mismos han fallecido».

“Engañado” por su hermano

«Pese a conocer que los fallecidos no van a poder defenderse de la acusación que se les formula de constituir una organización terrorista –argumenta en su recurso– es necesario dar por probado este hecho, ya que si no se cuenta con más de dos miembros, no puede acusarse a Driss (Oukabir) de integración en organización terrorista».

Oukabir, recalca, «era ajeno a todo plan» y «fue engañado» por su hermano Moussa (uno de los terroristas abatidos por los Mossos en Cambrils) «con argucias» para conseguir que alquilara la furgoneta.

Por último, la defensa de Said Ben Iazza –condenado a ocho años de prisión y actualmente en libertad provisional– se queja igualmente de que «la mayor parte de la prueba practicada en el juicio oral estuvo dirigida a confirmar la participación que los fallecidos habían tenido» en los atentados, «hechos que no formaban parte del objeto del proceso» y en los que –subraya– «únicamente habían intervenido los fallecidos». De esta forma, denuncia en su recurso, «se vulnera la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa» de los acusados, que se enfrentaron a «una narración de hechos probados que afectan a terceros fallecidos y que no ha sido posible contradecir ni defenderse de ellos».

«La pretensión de las víctimas de conocer la “verdad” –afirma el letrado– «debió quedar fuera del acto del juicio y de la propia sentencia, pues se les generaron unas expectativas ilusorias».